La Fuerza Especial de Lucha contra Delitos Ambientales (Felcda) de Bolivia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) realizaron el miércoles un operativo contra la minería ilegal en la comunidad Lacatía, municipio de Sorata, a unos 150 kilómetros de La Paz. El resultado: 18 personas aprehendidas, 11 de ellas extranjeras —«de nacionalidad china aparentemente», según el coronel Marco Antonio Azeñas, director departamental de la Felcda— y 7 nacionales.
El trasfondo del caso es, ante todo, un conflicto de propiedad. La intervención se hizo a solicitud de la cooperativa minera Buenavista, que tiene derechos mineros reconocidos sobre el área denominada Metalani 2, en Lacatía. Sus asociados denunciaron haber sido «invadidos por ciudadanos extranjeros», según explicó el director nacional de la Ajam, Jaime Sanabria.
Los agentes ingresaron primero a un campamento en Lacatía, luego al río Huilachuro y finalmente a Metalani 2, donde, «en un punto alejado del campamento, se identificó actividad minera en plena ejecución». La Ajam detalló que se evidenció «una labor minera subterránea con un avance aproximado de 50 metros», además de combustible y una cantidad importante de material explosivo: cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes, cuya cuantificación sigue en proceso.
Sanabria calificó lo hallado como una operación de escala industrial: en Metalani 2 «había maquinaria muy moderna, había instalaciones, campamento y equipo que fácilmente supera los 5 millones de dólares en inversión». No se trataba, insistió, de un yacimiento artesanal sino de una estructura con capital y logística considerables operando fuera de cualquier título legal.
El dato más revelador no es el operativo puntual sino el diagnóstico oficial que lo acompaña. Según Sanabria, con base en estadísticas de la propia Ajam, «más del 80% de la actividad minera que se realiza en el país es ilegal», y el fenómeno no se limita al oro: alcanza también a la minería tradicional y a la gran escala. El funcionario admitió, además, que la ilegalidad «goza de la protección de la misma sociedad, en muchos casos», con «complicidad, encubrimiento o participación de las mismas comunidades» a cambio de un porcentaje de la ganancia.
Sanabria sostuvo que la minería ilegal «ha dejado de ser un simple problema administrativo y un problema ambiental para convertirse en un problema económico, de seguridad y de gobernanza». Los detenidos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz para quedar a disposición del Ministerio Público. El funcionario planteó, a futuro, «adoptar medidas administrativas» para regularizar operaciones ilegales cuando corresponda.
Conviene mirar los incentivos detrás de esta cifra. Si ocho de cada diez operaciones mineras en Bolivia operan fuera de la ley, el problema no es solo de aplicación policial sino de un Estado que no logra garantizar títulos de propiedad claros ni hacerlos respetar frente a la invasión de terceros, incluido capital extranjero dispuesto a instalar campamentos, maquinaria de varios millones de dólares y dinamita sin permiso alguno.
El caso de Buenavista ilustra el costo que pagan quienes sí operan dentro del marco legal: una cooperativa con derechos reconocidos tuvo que denunciar una invasión para que el Estado, con semanas o meses de retraso, interviniera. Cuando la propiedad no se protege de forma sistemática, el resultado previsible es que la ilegalidad se organice, se financie y termine, como advirtió el propio Sanabria, contando con la tolerancia de comunidades que prefieren un porcentaje informal a la aplicación de la ley. El dato importa más que el ruido: el problema de fondo no son los 18 detenidos, sino la magnitud de un sector que el propio regulador reconoce fuera de control.
