El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, fue llamado al orden por la Cancillería luego de declaraciones vertidas en el programa «Defending Israel», que generaron un duro cuestionamiento de la comunidad palestina y de sectores de oposición, algunos de los cuales pidieron su dimisión.
Entre otras afirmaciones, Zaliasnik señaló que la comunidad palestina en Chile es «pequeña, de 20 mil a 25 mil personas en este momento, en condiciones muy difíciles» y que «juega con el número porque eso es política». También deslizó críticas al gobierno del presidente Gabriel Boric y, a título personal, aventuró que las votaciones de Chile en la ONU sobre el conflicto en Medio Oriente podrían adoptar aproximaciones más «razonables».
Representantes de la embajada de Palestina cuestionaron además la indiferencia del embajador ante un mapa exhibido durante la entrevista que representaba la totalidad del Territorio Palestino Ocupado —Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza— como parte de Israel.
Zaliasnik lamentó haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la comunidad palestina, aclaró que nunca fue su intención ofender y sostuvo que en la entrevista buscó ceñirse a la línea oficial que Chile ha sostenido. Con todo, su rol como representante del país ante Tel Aviv ha quedado en entredicho, al no anticipar las implicancias de opinar sobre asuntos especialmente sensibles para la comunidad palestina, incluso si el propósito declarado era ilustrar a una audiencia estadounidense sobre la visión de la comunidad judía en Chile.
El episodio no es enteramente sorpresivo. Zaliasnik es una figura conocida por su compromiso con la causa judía: fue presidente de la Comunidad Judía de Chile y figuró entre los 40 principales defensores y líderes proisraelíes de América Latina en un ranking internacional. Esa trayectoria hacía previsible la dificultad de separar sus convicciones personales del rol diplomático que debía ejercer, una tensión que algunos habían advertido cuando se anunció su designación.
El caso ha reabierto la controversia sobre la pertinencia de nombrar embajadores políticos —ajenos al servicio exterior de carrera— en destinos de alta sensibilidad. Distintas voces han reivindicado la importancia de privilegiar diplomáticos de carrera en ese tipo de plazas, aunque no cabe hacer generalizaciones: la mayoría de los embajadores políticos ha cumplido su labor sin sobresaltos.
El problema de fondo no es que Zaliasnik tenga convicciones —eso es legítimo—, sino que el diseño institucional de la política exterior permitió que esas convicciones colisionaran con la función que debía ejercer. Cuando un gobierno designa embajadores por afinidad personal en lugar de por trayectoria diplomática, transfiere un riesgo que tarde o temprano recae sobre la política exterior del país, y en este caso sobre la posición de Chile en uno de los conflictos más sensibles del orden internacional.
Conviene mirar los incentivos: nombrar representantes de confianza estricta tiene sentido en ciertos casos, pero cuando el destino es de máxima complejidad, el costo de un traspié comunicacional puede ser mayor que el beneficio de la lealtad política. La Cancillería tendrá que decidir si el episodio queda en una amonestación o si obliga a repensar el criterio con el que se distribuyen las embajadas más delicadas. El dato importa más que el ruido, y el dato es que la institucionalidad diplomática chilena quedó, otra vez, expuesta por una designación que priorizó la cercanía sobre la experiencia.
