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Timochenko presume el pasaporte lleno mientras De La Espriella exige que esté preso

El exjefe de las Farc defiende sus viajes internacionales amparado por la JEP; el presidente electo de Colombia lo llama «criminal de guerra» y reabre el debate sobre la reforma del tribunal de paz.
Imagen ilustrativa
Las Américasmiércoles 15 de julio de 2026

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, respondió esta semana a las críticas por sus desplazamientos al exterior con una frase que resume su postura: «Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España». Lo dijo en el Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad, celebrado en el Teatro Colón de Bogotá y organizado por la Contraloría General de la República.

El excomandante de las extintas Farc-EP explicó que su condición de firmante principal del Acuerdo de Paz de 2016 lo convirtió en figura recurrente en seminarios y congresos internacionales. Entre los destinos que mencionó figuran Moscú, donde asistió a un congreso antifascista, y París, adonde viajó acompañando al expresidente Juan Manuel Santos. «He tenido el privilegio, por haber sido quien me tocó estampar la firma a nombre de todos ellos, pues soy al que invitan a distintos eventos internacionales», sostuvo.

El viaje a España, autorizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue el detonante inmediato de la controversia. El presidente electo Abelardo de La Espriella reaccionó con dureza: «Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz del tribunal de la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida», declaró, según recoge la fuente. De La Espriella añadió que «ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, y contra la humanidad, de los jefes de las Farc siguen impunes».

Las palabras del mandatario entrante reavivaron el debate sobre una posible reforma a la JEP, el órgano encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado. En redes sociales, De La Espriella insistió en la falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas, postura que fue replicada por sectores que cuestionan los alcances del acuerdo firmado en 2016.

Frente a esas declaraciones, Londoño optó por un tono conciliador en apariencia: «No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar». También advirtió que «la vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio» y propuso sentarse a conversar con el futuro gobierno sobre la implementación del acuerdo. Al mismo tiempo, recordó que el texto forma parte de la Constitución y que cualquier modificación debe respetar el marco legal vigente.

El exjefe guerrillero cerró con una advertencia hacia sus propias filas: «La decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal».

Conviene mirar los incentivos. La JEP fue diseñada para ofrecer beneficios procesales a cambio de verdad, justicia y reparación; que su principal beneficiario exhiba un pasaporte casi lleno de sellos internacionales mientras las víctimas esperan reparación efectiva ilustra la brecha entre el texto del acuerdo y su implementación real. De La Espriella llega al poder con un mandato popular claro sobre este punto, y el debate sobre reformar el tribunal no es retórica electoral: es la pregunta institucional central que Colombia deberá responder en los próximos cuatro años. El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es el pasaporte de Londoño, sino si el Estado colombiano puede garantizar justicia sin sacrificar la paz, o si ha sacrificado la justicia sin asegurar ninguna de las dos.

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