Penpa Tsering, presidente del Gobierno tibetano en el exilio, denunció en una entrevista con EFE la existencia de un genocidio «en curso» contra la identidad tibetana en China, acelerado por la entrada en vigor en julio de una ley de unidad étnica de las autoridades chinas.
Tsering dijo que las políticas del Gobierno chino en materia de nacionalidades, ya se trate de tibetanos, uigures o mongoles del sur, buscan erradicar la identidad de esos grupos, incluida su lengua, religión y cultura, que —según afirmó— deben sintetizarse y asimilarse a la sociedad china mayoritaria.
La nueva ley, establecida por Pekín, busca reforzar una identidad nacional común entre distintos grupos étnicos, con medidas como una mayor presencia del mandarín en la educación. El Gobierno tibetano en el exilio asegura que esa norma criminaliza la preservación de su cultura y de su lenguaje propios.
Un activista tibetano se inmoló frente a la sede de la ONU en Nueva York en julio para protestar contra la legislación.
«La gente vive con miedo», aseguró Tsering, quien fue reelegido como presidente este año. Su administración en el exilio lanzó la semana pasada una hoja de ruta para impulsar la autonomía del Tíbet sin exigir la independencia de la hoy provincia china.
El conflicto con Pekín pasa también por la sucesión del actual dalái lama, Tenzin Gyatso, líder espiritual de los tibetanos, que tiene ya 91 años. El Gobierno chino reclama el derecho de elegir la próxima reencarnación del líder budista, mientras que la cúpula de lamas anunció el año pasado que su renacer se produciría en el «mundo libre» y sin intervención de China.
Tsering reconoció que, tras la muerte de Gyatso, podría darse un escenario con dos dalái lamas: uno controlado por Pekín y otro elegido mediante la tradición tibetana. También advirtió de que «los tibetanos pueden llegar a ser violentos», aunque sostuvo que el dalái lama los ha contenido.
El Gobierno tibetano adelanta una batalla diplomática global para aunar apoyos a la autonomía de la región. Esa ofensiva desembocó en la Ley de Política y Apoyo al Tíbet de Estados Unidos, que advierte de sanciones contra cualquier funcionario chino que interfiera en la sucesión del líder espiritual.
Sin embargo, el margen de maniobra es escaso: Tsering dijo que solo pueden apelar a democracias y a países que no dependan demasiado del poderío económico chino. También señaló que China sigue obligando a otros países a afirmar que el Tíbet forma parte de la República Popular China.
Pekín ha castigado las muestras de apoyo a la administración tibetana en el exilio. En 2025, China cortó los lazos con el presidente de Chequia, Petr Pavel, en represalia por asistir al 90° cumpleaños del dalái lama.
Tsering añadió que los países tendrán que aprender a ser autosuficientes, sin depender totalmente de las cadenas de suministro chinas, que —dijo— asfixian a los sectores industriales de Occidente, especialmente en Europa.
Los tibetanos han funcionado durante más de seis décadas como una nación sin país. Con epicentro en Dharamshala, han construido un sistema de gobierno democrático fuera del Tíbet, con un presidente o sikyong elegido por la diáspora tibetana, un parlamento, departamentos equivalentes a ministerios y una red de escuelas y servicios de salud.
En 2011, el propio dalái lama renunció a todo su poder político y lo transfirió a ese liderazgo electo para consolidar una gobernanza secular y democrática.
La disputa muestra hasta qué punto la coerción cultural y la presión económica pueden operar juntas. Cuando un Estado pretende fijar identidad, lengua y sucesión religiosa desde el poder, lo que está en juego no es solo una minoría remota, sino el principio de que la cultura y la autoridad espiritual no deberían quedar subordinadas al aparato político.
También deja una lección para las democracias: la dependencia comercial de China reduce el margen para responder a abusos denunciados por los propios afectados. Conviene mirar los incentivos. Si los países solo reaccionan cuando el costo es bajo, Pekín seguirá teniendo una ventaja estructural sobre quienes defienden autonomía, pluralismo y libertad religiosa.
