El asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990 a bordo de un vuelo de Avianca entre Bogotá y Barranquilla, sigue produciendo revelaciones tres décadas después. El Colombiano accedió a una copia de un cuaderno judicial de 192 páginas que permaneció durante años en el expediente del caso y que contiene declaraciones rendidas ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Entre esas declaraciones figura la de Otty Patiño, rendida el 9 de septiembre de 1998 y hoy de nuevo relevante porque la Fiscalía avanza en una investigación formal contra el general (r) Miguel Maza Márquez, director del DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991, por su presunta responsabilidad en el crimen.
La pregunta directa en Las Tangas
Patiño explicó ante la Fiscalía que decidió buscar información por fuera de la investigación oficial porque tenía dudas sobre la versión que atribuía el asesinato exclusivamente a Pablo Escobar. Esa búsqueda lo llevó hasta Fidel Castaño, uno de los principales jefes paramilitares del país, en su finca Las Tangas, en Córdoba, en un encuentro que ocurrió entre finales de 1990 y comienzos de 1991.
Patiño y Álvaro Jiménez, otro exintegrante del M-19, llegaron sin armas. Castaño los recibió y los invitó a recorrer sus terrenos a caballo. Fue durante ese recorrido cuando Patiño le preguntó directamente si había participado en el asesinato de Pizarro. Según el testimonio judicial, Castaño respondió afirmativamente y aseguró que no había actuado solo. «Cuando le preguntamos que quiénes habían ordenado la muerte de Carlos Pizarro él nos contestó que los de siempre, pero no quiso concretar ningún nombre», declaró Patiño a la Fiscalía.
Maza Márquez y los paramilitares del Magdalena Medio
En otro apartado de esa misma declaración, Patiño señaló una presunta relación entre el general Maza Márquez y paramilitares del Magdalena Medio encabezados por Luis Meneses, Ariel Otero y Henry Pérez. Según su testimonio, el nivel de confianza era tal que habría sido testigo de conversaciones telefónicas entre Maza y esos jefes paramilitares. «Para mí es evidente la participación de algunos agentes del DAS (...) la actitud de las jerarquías del DAS de aquella época, empezando por el general Maza, de desviar la investigación y enfocarla a que había sido Pablo Escobar», se lee en el cuaderno judicial.
El expediente también incluye la declaración de Gloria Quiceno, representante legal de la Alianza Democrática M-19 en ese entonces. Quiceno relató a la Fiscalía en 1998 que el 25 de abril de 1990 recibió información de los jefes paramilitares Henry Pérez y Luis Meneses sobre un inminente atentado contra Pizarro programado para el día siguiente, lo que llevó a cambiar rutas y horarios de vuelo.
Cuatro encuentros documentados
La reunión en Las Tangas no fue un episodio aislado. El cuaderno judicial documenta cuatro encuentros de Patiño con integrantes de la Casa Castaño entre 1990 y 1991. En uno de ellos, Fidel Castaño planteó la posibilidad de una alianza con antiguos miembros del M-19 para enfrentar a lo que él denominaba la «oligarquía colombiana»; la propuesta no prosperó. El 10 de agosto de 1991, Patiño asistió a Las Tangas como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente para acompañar un acto de entrega de títulos de propiedad a campesinos. Años después, investigaciones judiciales establecieron que varios de esos terrenos estaban relacionados con procesos de despojo por estructuras paramilitares en Córdoba y que algunos campesinos beneficiarios terminaron siendo desplazados nuevamente.
El dato importa más que el ruido. Lo que este expediente pone sobre la mesa no es solo la reconstrucción de un magnicidio: es la fotografía de un Estado cuyas instituciones de seguridad, según los testimonios judiciales, operaban en zonas grises que facilitaron la impunidad durante años. Que el actual Comisionado de Paz del gobierno Petro, Otty Patiño, haya sido quien obtuvo esa confesión de Castaño y la haya entregado a la justicia en 1998 añade una capa de ironía institucional difícil de ignorar: el mismo aparato estatal que entonces presuntamente desvió la investigación es el que hoy, tres décadas después, debe garantizar que la verdad llegue a buen puerto. La historia sugiere cautela.
