El juicio oral del caso conocido como Zonas Verdes avanzó este miércoles 15 de julio con declaraciones que salpican al entorno del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La exsecretaria encargada de Medio Ambiente, Sandra Yulieth Muñoz, testificó ante el juez 10 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento que la directora del Jardín Botánico, Claudia García, informó en junta directiva haber recibido dos llamadas —atribuidas, según el relato, a la subsecretaria de Infraestructura Jenifer Quiceno y a una funcionaria identificada como Astrid Barrera— en las que se le solicitaba efectuar una contratación.
Según declaraciones de García que obran en el expediente, la supervisora del contrato la contactó aproximadamente dos horas después de una de esas llamadas, el 11 de mayo de 2020, y le habría asegurado que hubo «un malentendido». García relató que esa misma persona le dijo: «Me dijo que a mí me faltaba experiencia, que esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato». García respondió que lo que le pedían «es un delito en este país» y se negó a ceder.
La consecuencia, según el testimonio, fue inmediata: el Jardín Botánico recibió una comunicación de la Secretaría de Infraestructura informando una reducción del contrato. El monto inicial planteado era de 12.000 millones de pesos; tras la negativa, se les notificó que solo dispondrían de 7.000 millones. Los 5.000 millones restantes fueron canalizados a través de Metroparques mediante un convenio interadministrativo, que a su vez subcontrató con la firma Reforestadora El Líbano.
La Fiscalía sostiene que ese fraccionamiento buscó favorecer a una empresa alineada con los intereses del gobierno de Quintero. Dentro del proceso también se ha revelado una posible cartelización: dos firmas que aparentemente competían con Reforestadora El Líbano habrían tenido vínculos con ella, configurando un acuerdo previo para definir al ganador.
El proceso penal tiene como imputados a la exsecretaria de Infraestructura Física del Distrito, Natalia Urrego; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano; y a la representante legal de Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao. Los cargos son presunta contratación sin requisitos legales e interés indebido en la contratación durante 2020 y 2021, período que coincidió con la pandemia por covid-19, cuando amplias zonas verdes de Medellín quedaron en abandono.
El testimonio de Muñoz también apuntó a Jhonatan Villada, quien entonces representaba al alcalde Quintero en la junta del Jardín Botánico. Según la declaración, Villada habría tenido conocimiento del incidente de las llamadas y no tomó medidas. El juicio deberá determinar si esa información llegó o no al propio Quintero. La audiencia quedó suspendida tras el mediodía al no presentarse el abogado defensor de Eliana Henao; el juez advirtió que compulsará copias a la Judicatura si no se presenta excusa válida.
Conviene mirar los incentivos. El caso Zonas Verdes ilustra con precisión el costo que el aparato estatal impone a entidades como el Jardín Botánico cuando el acceso a contratos públicos se convierte en moneda de cambio político. Una entidad que durante años se financió legítimamente con recursos de mantenimiento urbano vio recortado su presupuesto —según la Fiscalía— no por razones técnicas, sino porque su directora se negó a convertir el contrato en una bolsa de empleo clientelar. El dato importa más que el ruido: no es un episodio aislado, sino la lógica de un modelo en el que el Estado premia la lealtad y castiga la independencia. La historia sugiere cautela ante quienes presentan ese modelo como gestión social.
