Un terremoto registrado el viernes 14 de agosto cerca de Ende, Indonesia, activó los protocolos de vigilancia costera en varios países del Pacífico. En Colombia, la Dirección General Marítima (Dimar) respondió con rapidez: en menos de diez minutos publicó dos boletines oficiales y descartó cualquier amenaza para el litoral Pacífico nacional.
El primer boletín, emitido a las 5:17 p. m., analizaba un sismo reportado inicialmente con magnitud 7,5 y una profundidad de 10 kilómetros. La conclusión fue directa: «no existe amenaza de tsunami» para la costa pacífica colombiana.
Cinco minutos después, a las 5:22 p. m., la Dimar publicó un segundo boletín para actualizar los parámetros del evento. La magnitud fue corregida a 7,7, mientras la profundidad se mantuvo en 10 kilómetros. El epicentro quedó ubicado aproximadamente a 69 kilómetros al noroeste de Ende. Pese al ajuste, la evaluación no varió: el sismo de magnitud 7,7 «no tiene las características necesarias para generar un tsunami en la costa pacífica colombiana», según el texto oficial.
La distinción técnica es relevante. La magnitud de un terremoto, por sí sola, no determina la generación de un tsunami. Lo que importa es si el movimiento alteró el fondo marino de forma suficiente para desplazar grandes volúmenes de agua. Ese análisis corresponde al Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis, cuya evaluación respaldó ambos boletines de la Dimar.
La entidad dejó abierta la posibilidad de emitir nueva información si se presentan cambios relevantes, aunque precisó que «no serán enviadas actualizaciones a menos que se obtenga nueva información». Recordó además que las autoridades regionales y locales son las responsables de adoptar medidas dentro de sus respectivas zonas de competencia.
El mensaje oficial para el Pacífico colombiano es, por ahora, de normalidad.
Conviene mirar los incentivos detrás de una respuesta institucional de este tipo. La velocidad con que la Dimar procesó y comunicó la información —dos boletines en menos de diez minutos— ilustra el valor de contar con sistemas de alerta temprana operativos y con personal técnico capaz de distinguir entre un evento sísmico grave y una amenaza costera real. En un país con miles de kilómetros de litoral Pacífico y comunidades costeras vulnerables, esa capacidad de respuesta no es un detalle burocrático: es infraestructura de seguridad pública.
El dato importa más que el ruido. Frente a la circulación acelerada de alertas informales en redes sociales cada vez que ocurre un sismo de gran magnitud en el Pacífico, la existencia de una autoridad técnica con protocolos claros y comunicación oportuna reduce el costo social de la incertidumbre. Mantener y fortalecer esa capacidad institucional —sin sobredimensionar el aparato estatal— es precisamente el tipo de función que justifica la existencia de organismos como la Dimar.
