El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió este miércoles a su homólogo de Sudán del Sur, Salva Kiir, que el país avance hacia un proceso electoral «inclusivo» de cara a las elecciones generales programadas para el 22 de diciembre.
Según el Gobierno sudafricano, Ramaphosa subrayó la necesidad de un proceso basado en la confianza mutua y la cooperación entre las partes interesadas de Sudán del Sur, con el objetivo de abordar los desafíos pendientes y crear un entorno propicio para la aplicación efectiva del acuerdo de paz.
En la reunión celebrada en Pretoria, el presidente sudafricano también pidió la «plena adhesión» al Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018. A su juicio, ese marco sigue siendo necesario para consolidar el progreso hacia la paz y la estabilidad del país.
El contexto, sin embargo, es delicado. Sudán del Sur sufre una oleada de violencia en medio de una transición frágil, después de que a mediados de septiembre el presidente disolviera el gobierno de transición e impusiera uno compuesto por elementos afines a su persona antes de las elecciones.
Ese escenario amenaza el proceso con el que Sudán del Sur busca celebrar las primeras elecciones generales desde su independencia en 2011. El objetivo ha sido postergado de forma constante por el incumplimiento continuo de los pactos de paz y por la persistencia de grupos armados opuestos al Ejecutivo.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una transición depende de acuerdos incumplidos y de un calendario electoral que ya llega con retraso histórico, el coste no recae solo en la elite política. También lo pagan los ciudadanos que necesitan reglas previsibles, instituciones mínimamente estables y un horizonte de seguridad para cualquier forma de vida económica.
Para la paz, la pregunta central no es si habrá urnas, sino si el proceso tendrá credibilidad suficiente para generar obediencia política y reducir la violencia. Sin ese piso institucional, la elección corre el riesgo de ser un episodio más en una larga sucesión de promesas aplazadas.
En términos más amplios, el caso de Sudán del Sur recuerda que la estabilidad no nace de comunicados ni de fórmulas de compromiso repetidas por inercia. Nace de acuerdos que se cumplen, de incentivos bien alineados y de un aparato estatal capaz de imponer orden sin destruir la legitimidad del proceso. Esa es la prueba que el país vuelve a enfrentar.
