Más de 160.000 inmigrantes irregulares han abandonado Sudáfrica en las últimas semanas, según reportes recogidos por medios internacionales, después de que miles de ciudadanos salieran a las calles exigiendo la salida de los extranjeros indocumentados. El fenómeno replica, con sus propias particularidades, el malestar que en Europa y América del Norte ha convertido el control fronterizo en el eje de la política electoral.
La organización promotora de las marchas, el movimiento March and March, afirma que el número de inmigrantes ilegales en el país oscila «entre 15 y 30 millones», en una nación cuya población documentada ronda los 63 millones de habitantes. La cifra es disputada: no existen estadísticas oficiales publicadas que la respalden con precisión, y la propia fundadora del movimiento, Jacinta Ngobese-Zuma, reconoció ante Fox News Digital que «es un número debatible porque todos discuten cuál es la cifra real».
Lo que sí está documentado es la escala de la reacción ciudadana. A principios de julio, Reuters informó que 900 personas fueron arrestadas durante una jornada de protestas a nivel nacional. Si bien la mayoría de las manifestaciones transcurrió de manera pacífica, la policía debió dispersar a grupos violentos en algunas zonas del país. Se registró al menos una muerte en el área de Johannesburgo, y hasta cinco inmigrantes han sido asesinados por manifestantes en lo que va del año, según la misma fuente.
El movimiento March and March se deslinda de la violencia. Sus seguidores recorren las calles portando bastones tradicionales llamados knobkerries, «alentando» a los extranjeros a marcharse. En barrios como Soweto, cerca de Johannesburgo, grupos han ido de puerta en puerta fijando plazos para que los inmigrantes abandonen el país.
Algunos migrantes han partido en autobuses o en vuelos gestionados por sus países de origen. En uno de esos vuelos con destino a Ghana, la autoridad fronteriza sudafricana informó que 321 de los 332 ghaneses que intentaron embarcar en el aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo se encontraban en situación irregular.
El presidente Cyril Ramaphosa prometió a finales de junio «aplastar cualquier intento de desestabilizar la nación» antes de las marchas planificadas. La advertencia no frenó las movilizaciones ni detuvo la salida masiva de migrantes.
El dato importa más que el ruido. La discusión sobre las cifras exactas no debe oscurecer el fondo del problema: un Estado que no controla sus fronteras genera un vacío que termina llenando la presión popular, con todos los riesgos que eso conlleva. Cuando las instituciones abdican de funciones básicas —registro, control migratorio, provisión de servicios—, el costo lo absorben los ciudadanos más vulnerables, tanto los nacionales que compiten por empleos y servicios escasos, como los propios migrantes expuestos a la violencia de una respuesta no encauzada por el derecho.
Conviene mirar los incentivos. Los gobiernos que ignoran el malestar ciudadano frente a la migración irregular no lo hacen desaparecer: lo radicalizan. Sudáfrica ofrece hoy una lección que varias capitales occidentales prefieren no leer con atención: la legitimidad del orden público no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionen.
