Los gobernadores vuelven a ser protagonistas de la agenda legislativa nacional. El proyecto que reforma el régimen de subsidios al gas por zonas frías obtuvo media sanción en Diputados el 22 de mayo, pero desde entonces no registró ningún avance en el Senado. La razón es concreta: los mismos mandatarios que respaldaron al oficialismo en la cámara baja ahora mantienen congelado el tratamiento porque consideran que el Poder Ejecutivo no cumplió los compromisos asumidos durante la negociación.
Según pudo reconstruir La Nación, las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores aliados se estancaron en torno a dos reclamos centrales. El primero: una reducción del costo de la energía eléctrica para las jurisdicciones más cálidas —Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco, Misiones y Santa Fe— como compensación por la quita de los subsidios al gas. El Ministerio de Economía, según trascendió, prometió otorgar exenciones impositivas sobre la energía eléctrica, pero casi tres meses después de la media sanción la medida todavía no fue formalizada.
El segundo reclamo apunta al mercado eléctrico mayorista. El proyecto establece un mecanismo para que distribuidoras y transportistas federales cancelen deudas con Cammesa mediante compensaciones por créditos acumulados durante los años de congelamiento tarifario. Las empresas provinciales y municipales, sin embargo, quedaron fuera de ese esquema: la iniciativa solo encomienda a cada jurisdicción calcular sus créditos y aclara que cualquier saldo a favor deberá ser afrontado por la provincia o el municipio correspondiente, sin intervención del Estado nacional.
En el oficialismo sostienen que la compensación llegará una vez aprobada la ley. Los gobernadores pretenden lo contrario: que quede garantizada antes de habilitar el tratamiento en el Senado. Durante el debate en Diputados solicitaron incorporar ese compromiso en el texto de la ley, pero la propuesta fue rechazada por el Poder Ejecutivo.
La falta de definiciones llevó a los mandatarios a darle entidad propia al reclamo. El próximo 12 de agosto propiciarán una cumbre del Norte Grande en Posadas. Uno de los ejes será el impulso de una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de la región, bajo el concepto de «zona cálida». El gobernador de Corrientes, Valdés, confirmó su participación y señaló que ese será uno de los temas centrales del encuentro.
El cambio de clima también se percibe en Mendoza. Los diputados Verasay y Nieri, aliados al gobernador Cornejo, acompañaron la media sanción en Diputados. Pero los senadores del mismo espacio ya adelantaron que buscarán modificar el proyecto antes de aprobarlo. La senadora Juri afirmó en junio que uno de sus objetivos fue postergar el tratamiento: «Lo que no nos puede pasar es que zonas de Mendoza que tienen temperaturas más frías que algunas de la Patagonia queden afuera del subsidio», sostuvo.
El proyecto del Poder Ejecutivo reemplaza el esquema actual —basado en la ubicación geográfica— por otro focalizado según el nivel de ingresos de cada hogar. En la práctica, eso implica que amplias zonas incorporadas al régimen en 2021 dejarán de recibir el descuento automático en la tarifa, entre ellas localidades del interior bonaerense, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba y casi toda San Luis.
Conviene mirar los incentivos. La reforma apunta a focalizar el gasto en subsidios, un objetivo legítimo dentro de la lógica del ajuste fiscal que impulsa el Gobierno. El problema no es el principio sino la ejecución: prometer compensaciones sin formalizarlas es exactamente el tipo de ambigüedad que erosiona la confianza entre el Ejecutivo y sus propios aliados. Los gobernadores no se oponen a la reforma; exigen que los acuerdos se cumplan antes de firmar. Esa es una demanda razonable, y el Ministerio de Economía lleva tres meses sin responderla con hechos concretos. El dato importa más que el ruido: sin esa respuesta, la agenda legislativa del Gobierno seguirá atascada en el Senado.
