El aparato distrital de Bogotá volvió a quedar bajo el foco por el uso de recursos públicos. El 16 de julio, la concejala Diana Diago presentó ante el Concejo de Bogotá una denuncia por presuntos sobrecostos en el contrato 495 de 2025, adjudicado a la empresa Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial S.A.S. por más de 826 millones de pesos.
El contrato, administrado por la Institución Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), tiene por objeto «prestar los servicios como operador del Programa de Urgencias Médicas Veterinarias». Dentro de sus tarifas figura un precio de 330.820 pesos por cada proceso de eutanasia de animales de más de 25 kilogramos.
El problema surge al comparar ese valor con lo que pagaron las alcaldías locales por el mismo procedimiento. Según la denuncia de Diago, la localidad de Santa Fe contrató exactamente el mismo servicio por 162.401 pesos, una diferencia de 168.419 pesos por procedimiento, equivalente a un 103% más. Las brechas con otras localidades también son significativas: el Idpyba superó en 67% el precio contratado por Usaquén, en 36% lo pagado por Kennedy y en 35,5% lo abonado por San Cristóbal.
«Es inaceptable que pague 330.820 pesos por una eutanasia para un animal de más de 25 kilogramos, cuando la alcaldía local de Santa Fe contrató exactamente el mismo procedimiento por 162.401 pesos», afirmó Diago según la denuncia documentada.
La concejala exigió al alcalde Carlos Fernando Galán y al director del Idpyba explicar los criterios técnicos, económicos y contractuales que justifican esas tarifas, y revisar los procesos de contratación para garantizar eficiencia y transparencia. Al cierre de esta nota, el Idpyba no se había pronunciado.
El instituto es una entidad pública dedicada a la protección y bienestar animal en el distrito. Entre sus funciones figuran la atención veterinaria, campañas de vacunación y esterilización, rescate de animales maltratados y la implementación de un sistema de identificación con microchip para perros y gatos.
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Conviene mirar los incentivos. Cuando una entidad distrital paga por un servicio más del doble de lo que paga otra dependencia de la misma ciudad por el mismo procedimiento, la pregunta no es técnica: es política. ¿Qué criterios de selección y valoración permitieron adjudicar un contrato de más de 826 millones de pesos a esos precios sin que ningún mecanismo de control lo detuviera antes de la firma?
El dato importa más que el ruido. Bogotá destina dinero de los contribuyentes a una institución creada precisamente para gestionar con eficiencia la política de bienestar animal. Que esa misma institución pague tarifas muy superiores a las del resto del aparato distrital no es una anomalía menor: es un síntoma del problema estructural que representa la contratación pública sin competencia real ni escrutinio oportuno. La ciudadanía merece, como mínimo, una respuesta.
