El partido mexiquense Somos México lanzó una denuncia pública contra Morena, el PAN y el PRI por adelantar sus operaciones electorales en el Estado de México, en violación a la legislación vigente y con miras al proceso gubernamental de 2027, que aún no ha iniciado formalmente.
El señalamiento apunta a la proliferación de figuras con nombres como «Coordinadores de la Defensa de la Transformación», «Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia» y «Defensores de México». Según Somos México, estas denominaciones cambian de ciclo en ciclo, pero el objetivo es invariable: posicionar perfiles y construir estructuras partidistas antes de que la ley lo permita.
La agrupación identifica a Morena como la fuerza que institucionalizó esta práctica en años recientes, al crear cargos paralelos y promover aspirantes fuera del calendario electoral oficial. El señalamiento resulta particularmente incómodo para la oposición: Somos México advierte que quienes criticaron esas maniobras en el pasado reproducen hoy las mismas estrategias con etiquetas distintas. Cuando la oposición copia aquello que decía combatir, deja de representar una alternativa real.
El partido exige al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que ejerzan su función arbitral, investiguen las posibles violaciones y apliquen sanciones «sin excepciones, sin distingo y con el mismo rigor para todas las fuerzas políticas», en palabras textuales del colectivo.
El argumento central de Somos México descansa en la certeza jurídica: adelantar la competencia electoral fuera de los tiempos legales genera condiciones desiguales, favorece a quienes disponen de mayores recursos para sostener estructuras paralelas y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La organización concluye que el país necesita recuperar algo más importante que una elección: el estado de derecho.
El dato importa más que el ruido. Lo que describe Somos México no es una anomalía coyuntural, sino un patrón estructural del sistema político mexicano: la ventaja competitiva se construye antes de que el árbitro encienda el cronómetro. Los partidos con mayor acceso al aparato estatal —o con mayor capacidad para replicar sus métodos— pueden financiar esas estructuras de posicionamiento durante meses o años, mientras los actores más pequeños esperan el inicio legal del proceso. El resultado es una cancha inclinada antes del primer pitazo.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el INE y el IEEM no demuestren voluntad real de sancionar estas prácticas con la misma firmeza para todas las fuerzas políticas, la simulación seguirá siendo racional: el costo de bordear la ley es bajo y el beneficio, alto. La exigencia de Somos México apunta al núcleo del problema: sin árbitros que actúen con independencia y sin excepciones, la competencia electoral en el Edomex llegará al día de la votación ya decidida en los márgenes.
