Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana del 22 de julio mientras desayunaba en un establecimiento del fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. El periodista era exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna «El Zumbido del Moscardón», desde donde cuestionaba de manera constante decisiones del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz, además de señalar presuntos casos de corrupción, nepotismo y abuso de autoridad. Horas antes de ser asesinado publicó una crítica sobre los resultados económicos de la Guelaguetza 2026.
Con su homicidio, organizaciones defensoras de la libertad de prensa señalan que México acumula siete periodistas asesinados durante 2026. El caso ocurre días después del asesinato de otro comunicador en Puebla y semanas después del crimen de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, cuyo homicidio derivó en la detención de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició las investigaciones, realizó el análisis de cámaras del sistema C5 y solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. El gobernador Salomón Jara Cruz condenó el homicidio y reconoció que Leyva era un periodista crítico de su administración. Aseguró que la investigación se llevará a cabo de manera profesional y transparente, y que se agotarán todas las líneas para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
La excandidata presidencial y senadora Xóchitl Gálvez Ruiz condenó el crimen a través de sus redes sociales. «¡Callaron una voz crítica! El asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca, es un ataque artero en contra de la libertad de expresión. Lamentable que en México hacer tu trabajo te cueste la vida», escribió. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados también exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente, y recordó que Leyva se desempeñó como exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca.
El dato importa más que el ruido. Siete periodistas asesinados en lo que va del año configuran un patrón, no una serie de incidentes aislados. Leyva no murió cubriendo una zona de conflicto armado: murió desayunando, horas después de publicar una columna de análisis político. Eso dice algo sobre el costo real de ejercer la crítica en México bajo un gobierno que ha vaciado de recursos y autonomía a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el aparato estatal no demuestre capacidad —y voluntad— para investigar estos crímenes hasta sus responsables intelectuales, el mensaje que reciben los periodistas críticos es inequívoco. La libertad de expresión no se defiende con condolencias en redes sociales; se defiende con sentencias. México lleva demasiados casos abiertos y demasiados expedientes cerrados en la impunidad.
