Un proyecto bipartidista del Senado, identificado como S.5490, propone mantener el Estatus de Protección Temporal para ciudadanos ucranianos desde el 20 de octubre de 2026 hasta el 1° de julio de 2029.
La iniciativa fue presentada el 23 de septiembre por Richard Blumenthal, Lisa Murkowski, Chris Coons y Bill Cassidy. El texto plantea establecer una nueva designación desde el 20 de octubre del año en curso hasta el 1° de julio de 2029, con reglas de elegibilidad, verificación de antecedentes y un plazo de 90 días para resolver solicitudes.
Entre los requisitos, la propuesta exige que los solicitantes hayan residido de manera continua en EE.UU. desde la promulgación de la ley y que también hayan mantenido presencia física continua en el territorio. Además, deberán cumplir con las condiciones de admisibilidad migratoria y superar las verificaciones de antecedentes correspondientes.
El proyecto menciona causales que podrían impedir el acceso, incluidas aquellas que también generan inelegibilidad para el TPS, como determinados antecedentes penales o cuestiones relacionadas con seguridad. Los interesados deberán completar el proceso de registro siguiendo las instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional.
Uno de los puntos centrales es la disposición retroactiva. Si el Congreso aprobara la medida después del 20 de octubre, sus efectos comenzarían a partir de esa fecha. El objetivo es impedir que los beneficiarios queden sin protección entre el vencimiento de la designación vigente y la eventual entrada en vigor de la nueva medida.
La propuesta también aborda los Documentos de Autorización de Empleo. La autorización de empleo asociada al TPS de Ucrania puede mantenerse hasta el 19 de octubre de 2026 para los beneficiarios elegibles, aunque la fecha impresa en determinados documentos puede ser anterior, de acuerdo con la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
S.5490 establece que el DHS debería resolver las solicitudes de TPS y de autorización de empleo dentro de un máximo de 90 días desde su recepción. La medida busca reducir los tiempos de espera para quienes necesitan acreditar su derecho a trabajar legalmente en EE.UU.
La extensión propuesta hasta julio de 2029 permitiría mantener la protección y renovar las autorizaciones laborales durante ese período. El proyecto contempla además la posibilidad de obtener autorización previa para viajar fuera de EE.UU. en situaciones de emergencia o ante circunstancias extremas debidamente justificadas.
Blumenthal dijo en un comunicado que los ucranianos que buscan refugio en EE.UU. huyen de «horrores inimaginables» y que obligarlos a regresar sería «la máxima inhumanidad». También agradeció a Murkowski, Coons y Cassidy por unirse a la iniciativa.
Los cuatro senadores sostuvieron que la situación en Ucrania impide un regreso seguro para quienes permanecen bajo el programa. Señalaron que el conflicto y los ataques contra población e infraestructura mantienen las condiciones que dieron origen a la protección migratoria.
Coons dijo que «el pueblo ucraniano está en la primera línea de la libertad» y que EE.UU. debe apoyarlo extendiendo la protección a quienes huyeron de la guerra de agresión de Putin. También calificó como «inconcebible» enviarlos de vuelta a los riesgos que podrían enfrentar, especialmente con el invierno cercano.
El TPS fue otorgado a ciudadanos ucranianos en abril de 2022, después del ataque militar ruso a gran escala iniciado en febrero de ese año. Se trata de un mecanismo migratorio temporal para personas que no pueden regresar de manera segura a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
Conviene mirar los incentivos: la propuesta intenta cerrar una brecha temporal que podría dejar a beneficiarios y empleadores en incertidumbre, mientras somete al DHS a un plazo de resolución más estricto. En términos prácticos, el Senado busca convertir una protección frágil en una regla más previsible.
También queda claro el principio en juego: cuando el Estado promete amparo temporal, la continuidad administrativa importa tanto como la compasión declarada. Si el Congreso actúa tarde, la retroactividad aparece como el mecanismo para evitar que la burocracia castigue a quienes ya dependen de esa protección.
