Las autoridades colombianas capturaron a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua en operativos realizados en Bogotá y Bucaramanga, resultado de una investigación de nueve meses conducida por el Gaula de la Policía y la Fiscalía. Los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y desaparición forzada.
La estructura había consolidado control territorial en las localidades de Kennedy y Chapinero, con presencia específica en la calle 38, Bellavista y Patio Bonito. Según la investigación, los miembros del grupo cometían extorsiones contra comerciantes, ejecutaban homicidios y ordenaban desapariciones forzadas para sostener ese dominio.
El inmueble conocido como La Pesebrera, un pagadiario ubicado en Kennedy, fue identificado como el centro de operaciones desde el cual se coordinaba el cobro de extorsiones y se definían acciones violentas contra quienes desafiaban al grupo. Las pruebas incluyen registros de cámaras de seguridad que documentan asaltos violentos cometidos cuando las víctimas se resistían a las exigencias económicas de la organización.
Entre los capturados figura alias Cojo, señalado como cabecilla en la calle 38 de Kennedy. Junto a él fueron detenidos alias Mateo y alias Breke, presuntos coordinadores en Chapinero y Bellavista, respectivamente; alias Kevin, encargado de recaudar el dinero de las extorsiones; y alias Juan y alias Reinel, a quienes se atribuye la ejecución de homicidios por encargo. Durante los allanamientos se incautaron un arma de fuego y seis teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis forense.
El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del Gaula, destacó que la colaboración ciudadana fue decisiva para ubicar a los presuntos responsables y ejecutar los operativos. Según el expediente judicial, los detenidos también estarían implicados en atentados contra miembros de otras organizaciones criminales, acciones que luego se difundían para infundir miedo en la población.
El dato importa más que el ruido. Lo que este operativo revela no es solo la eficacia puntual de la inteligencia policial, sino la magnitud del vacío de seguridad que el Tren de Aragua ha ocupado en barrios de una capital de ocho millones de habitantes. Una banda de origen venezolano logró establecer, durante meses, un sistema de cobro coercitivo sobre comerciantes, con estructura de mando, división de funciones y un inmueble físico como cuartel. Eso no es improvización delictiva; es gobierno paralelo.
Conviene mirar los incentivos. El comerciante que paga extorsión no lo hace por simpatía, sino porque el Estado no le garantiza protección. Cada peso arrancado a un tendero en Kennedy es, en sentido estricto, un impuesto que el crimen organizado cobra donde el aparato estatal no llega. La captura de seis personas es un avance real, pero la pregunta que el gobierno de Gustavo Petro no ha respondido con hechos verificables es si existe una estrategia sostenida para desmantelar estas estructuras o si los operativos seguirán siendo respuestas episódicas a una amenaza que, mientras tanto, sigue expandiendo su territorio.
