El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC, se atribuyó el secuestro de José Olger Melo Charry, cabo colombiano de la Legión Extranjera francesa. Según el comunicado de la guerrilla, difundido en francés y verificado por una fuente policial ante la AFP, el rehén «está vivo, en perfecto estado de salud, y ha recibido atención médica y alimentación».
Melo, de entre 34 y 35 años, fue tomado el 6 de agosto en una carretera de Nariño, departamento dominado por economías ilegales de narcotráfico y minería. El ministerio de Defensa francés precisó que el cabo estaba autorizado a permanecer en territorio metropolitano, pero no a viajar a Colombia. Lo acompañaba una mujer, también secuestrada, que fue liberada horas después.
El EMC, al mando de alias Iván Mordisco, condicionó la vida del prisionero al cese de operaciones de la fuerza pública en la zona: su «integridad física está plenamente garantizada mientras no se lleve a cabo ninguna operación militar hostil». La disidencia responsabilizó directamente al presidente Abelardo De La Espriella de «cualquier intento de operación de rescate militar que ponga en peligro la vida del prisionero de guerra» y advirtió que «toda acción militar recibirá una respuesta».
El Ejército sospecha que Melo permanece junto a otros agentes secuestrados en una montaña de los Andes.
De La Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, ha impuesto una línea dura frente a los grupos armados y ya ordenó dos bombardeos que la propia fuente describe como mortíferos en regiones controladas por el narcotráfico. El domingo, en una alocución por redes sociales, anunció el fin de «las mesas sin voluntad de paz» con tres agrupaciones, entre ellas la disidencia de alias Calarcá. «No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad», dijo el mandatario, para quien la paz «se impone con las armas».
La amenaza llega en un momento en que Colombia atraviesa, según la fuente citada, la peor ola de violencia de la última década desde la firma del acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó al grueso de las FARC pero no al EMC, que rechazó el pacto. El grupo desafía hoy al gobierno con ataques con drones explosivos, secuestros y otros crímenes.
El secuestro de un extranjero en filas del Ejército francés reabre, además, una memoria dolorosa para el país: la de Íngrid Betancourt, secuestrada en 2002 durante su campaña presidencial y liberada seis años después en una operación militar, tras convertirse en símbolo internacional de este flagelo.
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El comunicado del EMC no es solo una prueba de vida: es un cálculo político. Al nombrar directamente a De La Espriella y advertir sobre cualquier «operación militar hostil», la disidencia intenta fijar los términos de la negociación antes de que exista negociación alguna, apostando a que el costo humano de un rescate frene la ofensiva que el propio presidente ha prometido. Es el mismo libreto que durante décadas usaron las FARC y otros grupos armados: convertir vidas humanas en moneda de presión política.
La prueba real para el nuevo gobierno no está en el discurso —ya definido con claridad tras el fin de las mesas de negociación— sino en la coherencia entre esa retórica y los hechos que sigan. Un Estado que cede ante la amenaza sobre un rehén envía la señal de que el secuestro sigue siendo un negocio rentable para quienes viven de él; un Estado que ignora el riesgo sobre la vida de un ciudadano pierde legitimidad ante su propia población. Entre esas dos presiones se juega, otra vez, la credibilidad de la autoridad colombiana frente a grupos que financian su guerra con narcotráfico y minería ilegal, no con ideología. El dato importa más que el ruido: mientras persista la economía criminal que sostiene al EMC, cualquier tregua será táctica, no estratégica.
