El senador Rick Scott, republicano por Florida, fue interceptado en los pasillos del Capitolio por activistas del grupo de izquierda radical CodePink, quienes lo confrontaron por su posición respecto a Israel, Irán y Cuba. El intercambio, captado en video, duró varios minutos y derivó en un cruce de acusaciones sobre política exterior y seguridad nacional.
La cofundadora de CodePink Madea Benjamin encabezó el grupo que siguió a Scott mientras le reprochaba los recientes ataques estadounidenses contra Irán. «¿Le molesta que Estados Unidos esté bombardeando Irán sin provocación?», le preguntó Benjamin. Scott respondió sin ceder terreno: «Ah, quieres volver a ser destruida por un arma nuclear. Ahí estás».
Cuando los activistas argumentaron que Israel posee arsenales nucleares, Scott continuó el debate sin retroceder. La conversación abarcó también Gaza y Cuba, y en cada punto el senador exigió que sus interlocutores respondieran sobre los ataques de Hamás antes de proseguir con sus acusaciones.
El contexto de fondo importa tanto como el video. CodePink ha recibido financiación, según señalamientos documentados por legisladores estadounidenses, de Neville Roy Singham, empresario tecnológico marxista cuyas conexiones con el Partido Comunista Chino han sido objeto de escrutinio en el Congreso. Jodie Evans, la otra cofundadora de CodePink, está casada con Singham. Legisladores han advertido que la red vinculada a Singham movilizó recursos por 278 millones de dólares para difundir propaganda favorable a Pekín en territorio estadounidense.
La escena ilustra una dinámica que se repite con creciente frecuencia: grupos de presión que operan en la esfera pública doméstica con vínculos, según las fuentes, a intereses extranjeros hostiles, confrontando a legisladores que sostienen posiciones alineadas con las alianzas tradicionales de Washington.
Conviene mirar los incentivos. Una organización que recibe fondos de una red señalada por su cercanía al Partido Comunista Chino y que destina esa energía a hostigar a senadores que apoyan sanciones a Irán y la causa israelí no está actuando en el vacío ideológico. El dato importa más que el ruido: la pregunta relevante no es si el intercambio fue acalorado, sino quién financia la megafonía y con qué propósito estratégico.
Para una política exterior que, bajo la administración Trump y con Marco Rubio al frente de la diplomacia, ha apostado por presionar a Irán y sostener a Israel, la presencia de estos grupos en los pasillos del poder es menos un episodio de activismo callejero que un recordatorio de que la competencia geopolítica con Pekín tiene también un frente interno. La historia sugiere cautela ante quienes confunden la tribuna democrática con un instrumento de influencia foránea.
