El Miranda Center for Democracy, con sede en Washington, publicó un informe preliminar sobre la respuesta del régimen interino de Delcy Rodríguez a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela hace un mes. La conclusión central no admite matices: «Un régimen que le falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción».
Conviene mirar los números antes que el ruido oficial. Según cifras del propio régimen, citadas en el informe con datos actualizados al 19 de julio, el balance reconocido es de 5.208 muertos, 16.740 heridos, 190 edificios colapsados y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Pero esas cifras cambiaron varias veces: el 26 de junio, Delcy Rodríguez reportó 589 muertos; el 28 de junio, Jorge Rodríguez elevó la cifra a 1.450; el 13 de julio ascendió a 4.561. Desde entonces, el número de heridos permanece «congelado» en 16.740, lo que el informe interpreta como «una señal de que el registro de víctimas simplemente se dejó de contar».
El contraste con estimaciones independientes es abrumador. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calcula que existe más de 70% de probabilidad de que la cifra real de muertos supere los 10.000. Organizaciones internacionales y reportes ciudadanos estiman unas 50.000 personas desaparecidas y pérdidas equivalentes a hasta el 9% del PIB venezolano.
El dato importa más que el ruido. La ventana crítica de 72 horas —el período en que las probabilidades de rescatar sobrevivientes son más altas— transcurrió sin una operación coordinada por el aparato estatal. La búsqueda y el rescate fueron realizados mayoritariamente por ciudadanos, bomberos voluntarios y equipos internacionales con herramientas rudimentarias. Un rescatista de Protección Civil citado en el informe lo describe sin eufemismos: «No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología... estamos atascados en la Edad de Piedra». El informe atribuye esa incapacidad a años de desfinanciamiento de las unidades de protección civil, que operaban «al 10% de su capacidad o menos, sin vehículos, herramientas ni uniformes».
Lo que siguió fue peor. Según el documento, miembros de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército fueron filmados saqueando pertenencias de las víctimas entre los escombros. Trabajadores de morgues cobraron entre 400 y 5.000 dólares a familias para entregarles los cuerpos de sus parientes. En al menos ocho estados, el régimen ordenó cerrar centros ciudadanos independientes de recolección de ayuda y redirigir las donaciones hacia la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El bloqueo a la ayuda externa completó el cuadro. Desde el 26 de junio, el acceso a La Guaira fue militarizado mediante un sistema de credenciales con código QR. Equipos internacionales de rescate de Colombia, España, Alemania y Austria quedaron varados en aeropuertos por trámites burocráticos durante las horas más críticas. Los equipos ya desplegados en terreno fueron vigilados por militares que, según el informe, alegaban tener «orders to monitor them because they could be spies». El 29 de junio, el Ministerio de Comunicación suspendió por 48 horas el acceso de prensa y ONG a La Guaira. Durante la emergencia permanecieron bloqueados 209 dominios de internet en todo el país, incluyendo 94 medios de comunicación.
Es pertinente señalar que el Miranda Center es presidido por el exalcalde venezolano David Smolansky y está vinculado a figuras de la oposición y al equipo de María Corina Machado. Esa filiación no invalida los hechos documentados —videos, testimonios y cifras del propio régimen los corroboran—, pero el lector debe conocer el origen del análisis.
La historia sugiere cautela ante regímenes que monopolizan la información en medio de catástrofes. Lo que este informe revela no es una falla técnica ni un accidente de gestión: es la consecuencia lógica de décadas de destrucción institucional, donde el aparato estatal existe para preservar el poder, no para proteger a los ciudadanos. Cuando el Estado saquea a sus propias víctimas y bloquea a quienes intentan rescatarlas, la pregunta no es si el régimen falló, sino si alguna vez tuvo la intención de no hacerlo.
