La administración de Santa Cruz de la Sierra, la región más poblada de Bolivia, instó al gobierno del presidente Rodrigo Paz a aplicar una «intervención militar conjunta» ante lo que describió como una «ola de violencia extrema» que golpea al departamento. El pedido llegó horas después del asesinato de un ciudadano extranjero en el centro de la ciudad, la fuga de dos reclusos brasileños de la cárcel de Palmasola y una serie de ataques en zonas fronterizas con Brasil.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que los hechos recientes «revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado». Santistevan recomendó que, bajo un estado de excepción, el gobierno nacional autorice a las fuerzas militares «hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada».
La cadena de incidentes es concreta. Hace una semana, un grupo de sicarios asesinó a cuatro personas al ingresar a una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Al día siguiente, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a investigar el caso: uno de los policías fue acribillado y su cuerpo fue trasladado y abandonado en una pista clandestina. En el municipio de San Ignacio de Velasco, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en un hecho que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas.
El gobierno de Rodrigo Paz vinculó los hechos ocurridos en San Matías con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), señaladas como enfrascadas en una disputa por el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. La Policía boliviana difundió los retratos de Alex Heleno Da Silva, detenido por asesinato, y Junior Da Silva Fernando, acusado de tráfico de armas, tras su fuga de Palmasola, e inició un plan de búsqueda y recaptura.
Como respuesta inmediata, Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en San Matías y sus alrededores. El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó que el contingente llegó la noche del lunes y ya realiza labores de rastreo, registros y controles preventivos. Adicionalmente, el Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar el combate al crimen organizado y facilitar el intercambio de información entre ambos países.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, sumó su voz al reclamo: solicitó al gobierno nacional reforzar la seguridad, la inteligencia policial y el control en zonas fronterizas, y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público.
Conviene mirar los incentivos. La presión de Santa Cruz sobre el gobierno central no es un episodio menor: el departamento concentra la mayor población del país y es el motor económico de Bolivia. Cuando una región de ese peso le pide al Estado que recupere el monopolio de la fuerza —y le exige que lo haga con efectividad, no con gestos— el mensaje es que el aparato de seguridad ha quedado rebasado. El dato importa más que el ruido: organizaciones con capacidad para emboscar a agentes de inteligencia, mover cuerpos y fugar presos durante cortes de luz no son delincuencia común. La respuesta del gobierno Paz, hasta ahora, ha sido policial y diplomática. Santa Cruz pide algo cualitativamente distinto.
