La ciudad española de Ceuta, exclave norteafricano que bordea Marruecos, fue desbordada esta semana por una entrada masiva de migrantes que las fuentes cifran en entre 50.000 y 60.000 personas, una cifra que se aproxima a la población total del enclave. Las imágenes de miles de personas cruzando las vallas reactivaron los fantasmas de la crisis migratoria europea de 2015 y desataron una cadena de reacciones en capitales de todo el continente.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió suspendiendo los controles de libre circulación del Espacio Schengen con España —acuerdo que agrupa a 29 países europeos y elimina los controles de pasaporte en fronteras internas—. La medida fue presentada como temporal y de emergencia ante el riesgo de que migrantes no devueltos alcanzaran el territorio continental europeo.
El primer ministro español, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, reaccionó con una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En ella afirmó que su gobierno había «restablecido plenamente el control de la frontera» en dos días y devuelto a Marruecos a «casi todos» los migrantes que habían cruzado. Según la carta, obtenida por la agencia AFP, Sánchez calificó las restricciones impuestas por otros gobiernos de reacción «egoísta, polarizadora e ilegal».
«En el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal», escribió Sánchez, según recoge la fuente. El mandatario argumentó que Ceuta no forma parte del Espacio Schengen, que quedan «casi ningún» migrante irregular sin retornar y que España es, según la agencia Frontex, «una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea», con entradas irregulares que representarían la mitad de las registradas en Italia entre 2021 y 2026.
Paralelamente, un grupo de 22 líderes europeos emitió su propia carta exigiendo una reunión de emergencia sobre Ceuta. El documento advirtió de las «repercusiones de los cruces incontrolados» y sostuvo que la situación «puede alentar otros intentos de este tipo». «No podemos permitir cruces masivos e incontrolados, la instrumentalización de la migración ni otras amenazas híbridas que creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», señalaron los firmantes.
Von der Leyen, por su parte, afirmó que «ni una sola persona alcanzó la España peninsular ni el resto de la UE» como resultado del incidente, y llamó a reforzar el sistema de control fronterizo con «solidaridad y una respuesta europea unida».
La crisis se produce en un contexto de tensión preexistente: según Breitbart, antes del episodio de Ceuta ya existían llamamientos para excluir a España del Schengen tras la regularización de más de un millón de migrantes irregulares mediante un programa de amnistía. Críticos del esquema habían advertido que actuaría como factor de atracción para nuevas llegadas.
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno que amplía el acceso legal a quienes cruzaron la frontera sin autorización envía una señal que los mercados migratorios leen con precisión. La avalancha de Ceuta no ocurrió en el vacío: ocurrió tras una amnistía masiva y en un país cuya frontera exterior, según el propio Sánchez, es competencia soberana de España dentro del perímetro comunitario. Que el primer ministro español reproche a sus socios por proteger sus propias fronteras internas —después de que la suya exterior cediera ante decenas de miles de personas— ilustra la tensión estructural del proyecto Schengen: la solidaridad funciona mientras los costos se distribuyen; cuando se concentran, cada capital actúa por su cuenta. El dato importa más que el ruido: 22 líderes europeos pidieron la reunión de emergencia antes de que Sánchez la convocara. Eso no es egoísmo; es política.
