Justo después de que el partido del Kremlin ganara por mayoría las recientes elecciones legislativas, el Gobierno ruso propuso una impopular subida de impuestos, de la que solo se librarán quienes combaten en Ucrania.
El movimiento llega cuando la campaña militar avanza hacia su quinto aniversario y, según fuentes independientes, la maquinaria de guerra rusa gasta unos 30 millones de dólares diarios, o 2 mil millones de rublos. El propio artículo señala que el dinero en las arcas rusas se acaba.
La propuesta forma parte del proyecto de presupuesto para el próximo trienio. El déficit público, añade, se ha disparado, con una previsión de 2.2 por ciento del PIB, mientras las regiones no disponen de dinero para costear los programas sociales.
El comunicado oficial fija la prioridad: «garantizar financieramente las necesidades de defensa y seguridad del país, el apoyo social a los participantes en la operación militar especial y sus familias». También menciona el suministro a las Fuerzas Armadas del armamento y los equipos necesarios, además de la modernización de las empresas de la industria de armamento.
Finanzas propone incluir las rentas «pasivas» en la base general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que pasaría del 13-15 por ciento al 22 por ciento y afectaría a un 6 por ciento de los rusos, unos 4 millones de personas. Entre esas rentas están los dividendos, los intereses de depósitos, las operaciones con valores y derechos digitales, la venta de inmuebles y participaciones sociales, así como los ingresos derivados de seguros y contratos de donación.
En el caso de los dividendos pagados a ciudadanos extranjeros no residentes, en las llamadas cuentas «C» creadas tras el comienzo de la guerra, el impuesto ascendería al 35 por ciento. El economista Dmitri Polevói estima en 500 mil-700 mil millones de rublos anuales, entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, los ingresos para las arcas rusas por este nuevo tributo.
Los grandes negocios tampoco se salvan. Finanzas propone incrementar las cargas para los beneficios de los grandes productores de oro, con 20 por ciento, fertilizantes y metales no ferrosos, con 30 por ciento. Antes, cuando el Gobierno subió un 10 por ciento a las empresas de hidrocarburos y el carbón, recaudó unos 320 mil millones de rublos, casi 4 mil millones de dólares.
El plan incluye además elevar un 22 por ciento los impuestos a las compras online en el extranjero y a los envíos procedentes de terceros países. Los rusos deberán pagar adicionalmente 100 rublos por cada artículo adquirido en el exterior con un valor superior a 200 euros. También se prevé un tributo a los pasajeros del transporte aéreo, que deberán pagar hasta 2 mil rublos por pasaje, y mayores cargas a los autónomos, especialmente mensajeros y conductores.
A eso se suman posibles incrementos de los impuestos de importación de automóviles, de 10 a 20 por ciento, y alzas en las tarifas por la venta de bebidas alcohólicas. Los gastos comunales, además, crecerán 42.5 por ciento entre 2025 y 2029, según los pronósticos oficiales, con alzas ya fijadas desde el 1 de octubre y desde el 1 de julio del próximo año.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un Estado reserva ya en torno al 40 por ciento del presupuesto a defensa y seguridad, la presión fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en una transferencia directa desde hogares y empresas hacia la maquinaria bélica. Esa es la economía política de la guerra: el contribuyente paga, mientras el aparato estatal prioriza su continuidad.
La historia sugiere cautela. Un gobierno puede prometer que el esfuerzo será temporal, pero una vez instalado el impuesto extraordinario, la tentación de normalizarlo es grande. En este caso, el costo no se reparte de forma uniforme: cae sobre quienes invierten, consumen, viajan o ahorran, y refuerza un modelo en el que la seguridad absorbe recursos que en otra coyuntura alimentarían la libre empresa y el crecimiento.
