Moscú afirmó este jueves que los ciudadanos latinoamericanos componen el 40 % de los mercenarios que luchan en filas ucranianas. Rodión Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, dijo a la agencia TASS que el origen de esos combatientes «ha cambiado drásticamente».
Miroshnik sostuvo que al inicio predominaban polacos, bálticos, británicos y estadounidenses, pero que ahora en la vanguardia «probablemente más del 40%» proviene de países latinoamericanos. Añadió que en las filas ucranianas luchan más de 16.000 «voluntarios», y que entre 30.000 y 40.000 personas «pasaron por sus filas».
El funcionario ruso también los describió como mercenarios extranjeros. Dijo que están allí «no para luchar por la independencia y la soberanía de Ucrania, sino a ganar dinero o adquirir experiencia militar». Esa afirmación, procedente de Moscú, resume la lectura interesada de la guerra que hace el Kremlin; el dato bruto, en cambio, es que el flujo de latinoamericanos hacia el conflicto existe y ya merece atención política en la región.
Conviene mirar los incentivos. Si gobiernos como el de Colombia piden a Rusia y Ucrania que detengan el reclutamiento de sus ciudadanos y faciliten su retorno, es porque la guerra ha dejado de ser solo un problema lejano de orden internacional y se ha convertido también en un asunto de protección consular, soberanía personal y control del riesgo para familias y Estados.
La historia sugiere cautela. En un conflicto donde abundan los números lanzados desde un lado, la cifra importa más que el ruido; aun así, la sola admisión rusa de una presencia latinoamericana relevante muestra que América Latina no está al margen de la guerra. Para los países de la región, el desafío no es ideológico sino práctico: impedir que la necesidad económica o la aventura militar sigan alimentando un circuito de mercenarios.
