El secretario de Estado Marco Rubio convocó a los cancilleres de más de 60 países a una reunión en Washington, prevista para el jueves de la próxima semana, con el objetivo de coordinar una respuesta internacional al «resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda», según la definición empleada por el presidente Donald Trump.
La convocatoria, revelada por The Washington Post, reúne a la mayoría de las naciones europeas y a varios países de América Latina —entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México— además de India, Indonesia y Singapur en la región asiática.
El encuentro se enmarca en la estrategia antiterrorista firmada por Trump en mayo, que puso el foco en grupos descritos por la Casa Blanca como «antiestadounidenses, anarquistas o asociados con Antifa». El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, definió la amenaza como «una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias» y argumentó que cada designación o programa de asistencia en seguridad «crea un efecto multiplicador».
Funcionarios del Departamento de Estado sostienen que el sistema de contraterrorismo estadounidense necesita adaptarse a amenazas que, según afirman, fueron subestimadas durante años e incluyen ataques contra autoridades, infraestructura crítica y fuerzas de seguridad. Sebastián Gorka, el zar antiterrorista del gobierno, ha mantenido conversaciones sobre la posibilidad de utilizar la etiqueta de «terrorismo extranjero» para referirse a Antifa, con el fin de habilitar herramientas de investigación y vigilancia. Un funcionario antiterrorista citado por The Washington Post bajo anonimato señaló que un vínculo con grupos terroristas extranjeros «puede desbloquear ciertas herramientas de investigación», como la vigilancia.
Antifa —abreviatura de «antifascistas»— es un término general para grupos activistas de extrema izquierda sin estructura organizativa única, con presencia en Estados Unidos y en varios países europeos como Alemania, España, Grecia, Italia, los Países Bajos, Suecia y Dinamarca. A diferencia de partidos o movimientos convencionales, no busca cuotas de poder ni influir en procesos electorales; sus tácticas han sido asociadas más con el anarquismo que con la izquierda tradicional.
La iniciativa generó tensiones incluso dentro de la propia administración. Según declaró un funcionario bajo anonimato, algunos temen que una futura administración demócrata pueda utilizar los mismos marcos normativos contra activistas conservadores. «La idea es que se está sentando un precedente para que una futura administración de Gavin Newsom utilice estas facultades contra los conservadores», afirmó ese funcionario. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, figura entre quienes han mostrado entusiasmo por adoptar una postura firme contra los extremistas de izquierda.
Diplomáticos europeos, según The Washington Post, expresaron desconcierto ante el contenido de la invitación y temen que Washington intente ampliar la definición de «organización terrorista extranjera» más allá de los límites habituales del derecho internacional.
Conviene mirar los incentivos. La cumbre de Rubio representa un giro estratégico de largo alcance: durante dos décadas, el aparato antiterrorista occidental se construyó en torno al yihadismo; ahora Washington propone reorientar parte de ese instrumental hacia la violencia política de izquierda. El principio en juego es legítimo —el Estado tiene la obligación de proteger infraestructura crítica y fuerzas de seguridad de cualquier amenaza organizada, independientemente de su signo ideológico— y la simetría normativa es un argumento de peso.
El dato importa más que el ruido. La tensión real no es entre izquierda y derecha, sino entre la eficacia de una herramienta de seguridad y los riesgos de su uso discrecional. Que funcionarios de la propia administración adviertan sobre el precedente que se sienta revela que el debate interno es más complejo que el mensaje público. La historia sugiere cautela: los marcos legales de emergencia rara vez se limitan al objetivo original que los justificó.
