Delcy Eloína Rodríguez Gómez, identificada en la fuente como «la presidenta interina», ordenó en 2026 el ascenso de 168 altos oficiales del generalato y el almirantazgo venezolano. La cifra supera los 166 ascensos que Nicolás Maduro ejecutó en 2025 y reproduce, con ajustes, el mismo esquema de promociones masivas que el chavismo ha empleado durante décadas para mantener cohesionada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La distribución entre componentes revela una decisión política precisa. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asciende en 2026 a 23 generales de División, seis más que en 2025. El Ejército alcanza 26 divisionarios, siete más que el año anterior. El número de mayores generales fue equivalente para todos los componentes, a diferencia de 2025, cuando el Ejército obtuvo el doble que la GNB. El reequilibrio entre ramas no es un detalle administrativo: señala hacia dónde se concentra la confianza política del momento.
El resultado agregado es lo que analistas describen como «macrocefalia militar»: 60 nuevos generales de División, 15 vicealmirantes, 72 generales de Brigada y 12 contralmirantes en una sola ronda de ascensos. La pirámide crece por arriba mientras la base operativa permanece sin los recursos que esos grados absorben. Cada oficial de alto rango requiere, según la fuente, personal de apoyo: asistentes, escoltas y choferes, tanto para ellos como para sus familias.
Las consecuencias sobre la eficacia operativa ya tienen registro. La proliferación de jerarquías introduce más niveles de aprobación, retrasa decisiones y dificulta la respuesta ante emergencias. La fuente señala dos episodios concretos: la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero y la tardía reacción militar frente a los terremotos del 24 de junio. La abundancia de jefes también opaca la toma de decisiones, genera duplicidad de funciones y alimenta conflictos de autoridad sobre los mandos medios.
El malestar interno es otro efecto documentado. La distancia entre los privilegios de la cúpula y la realidad de la tropa se ensancha con cada nueva ronda de ascensos. A ello se suma el embudo de carrera que, según la fuente, durante la gestión del general Vladimir Padrino López frenó el crecimiento de oficiales jóvenes.
En la FANB, a diferencia de ejércitos donde el ascenso premia el mérito táctico o estratégico, la promoción al grado superior opera como herramienta de control político. Al fragmentar el mando entre numerosos generales, el poder político reduce el riesgo de conspiraciones desde mandos medios o bajos y mantiene bajo vigilancia a una institución que, más que una fuerza profesional, funciona como sostén del régimen.
Conviene mirar los incentivos. Una estructura militar diseñada para garantizar lealtades internas, no para proyectar fuerza hacia el exterior ni proteger a la población civil, consume recursos que el Estado venezolano no puede permitirse malgastar. El dinero de los contribuyentes —o lo que queda de él tras años de colapso fiscal— financia escoltas y prebendas para una cúpula cuya función principal es vigilarse a sí misma y vigilar al resto.
El dato importa más que el ruido: Rodríguez no innova, consolida. La macrocefalia no es un accidente de gestión sino la arquitectura deliberada de un régimen que aprendió, desde los tiempos de Hugo Chávez, que un generalato numeroso y bien remunerado es más manejable que uno pequeño y profesional. El costo lo paga quien no tiene ni rango ni escoltas.
