Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, participó este lunes en la sesión inaugural del curso de verano de la universidad pública vasca, en el norte de España. Ante estudiantes, académicos y profesionales, reivindicó el respeto a las normas y al Estado de derecho como columna vertebral del proyecto europeo en un contexto «en el que se alzan voces contra el derecho internacional y la cooperación multilateral».
Ribera advirtió que el mundo atraviesa un momento «revuelto y turbulento» y alertó sobre «el uso de la fuerza y de expresiones contrarias al respeto que pensábamos que no íbamos a volver a ver, con debates que parten de una mentira». Frente a ese diagnóstico, apostó por una gobernanza europea en la que «no se tiren las leyes a la cabeza, se apaguen las pantallas y se escuche al otro».
La funcionaria desglosó los tres ejes presentados por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen: defensa de valores, competitividad y seguridad. En materia de seguridad, amplió el concepto más allá de la defensa común para incluir lo que llamó una «realidad física»: el cambio climático. Citó los incendios de Almería, con trece muertos según la fuente, y una reciente ola de calor que, según Ribera, colapsó hospitales y sistemas ferroviarios y elevó las tasas de mortalidad en Europa.
El pasaje más revelador del discurso fue, sin embargo, el energético. Ribera reconoció que el objetivo de alcanzar una tasa de electrificación del 32 % en 2030 sigue sin cumplirse: Europa se quedó estancada en el 23 % desde 2015, mientras China ya se sitúa en el 34 %. «Europa no puede ser competitiva si la energía es importada», admitió, señalando que esa dependencia abre «fuentes de vulnerabilidad».
El dato importa más que el ruido. Una institución que lleva años fijando metas climáticas ambiciosas reconoce, desde su propio podio, que la realidad no acompañó al calendario. La brecha entre el 23 % alcanzado y el 32 % prometido no es un tecnicismo estadístico: es el margen en el que se juega la autonomía energética del continente y, con ella, la capacidad de negociación frente a proveedores externos.
Conviene mirar los incentivos. El aparato regulatorio de Bruselas ha privilegiado durante años la velocidad legislativa sobre la viabilidad industrial. El resultado es una Europa que exporta normas al mundo pero importa energía de quienes no las cumplen. Mientras la vicepresidenta defiende el multilateralismo como garante de paz y progreso, el libre mercado y la competencia real —no la administrada desde comités— siguen siendo la herramienta más probada para reducir esa dependencia. El proyecto europeo tiene méritos genuinos; pero su credibilidad se juega menos en los foros de verano y más en la factura energética de sus empresas y ciudadanos.
