El gobierno de José Antonio Kast ingresó el sábado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos —agua, electricidad y gas— en zonas afectadas por catástrofes. El documento llevaba las firmas del Presidente Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y los titulares de la Segpres José García Ruminot, Energía Ximena Rincón, y Obras Públicas y Transportes Louis de Grange.
El problema: el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, no estaba al tanto. Él mismo lo había reconocido la tarde del domingo al ser consultado por la prensa, y lo ratificó este lunes con una frase que resume el episodio: «A alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento».
Alvarado había manifestado, en los días previos, una postura contraria a recurrir al TC. Preguntado si la descoordinación reflejaba una diferencia de fondo, el biministro lo descartó: «No, es una decisión del gobierno. Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio, emite una opinión. Mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas».
Sobre a quién correspondía haberle informado, Alvarado evitó señalar nombres. Indicó que «los procedimientos internos, administrativos, jurídicos, legislativos, están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y obviamente de la secretaría». En cuanto a posibles cambios institucionales tras el episodio, la respuesta fue irónica pero reveladora: «El único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono».
El artículo impugnado —el 31— obliga a reconectar sin costo los servicios básicos en zonas de catástrofe. El requerimiento busca que el TC examine su constitucionalidad antes de que entre en vigor.
Lo que el episodio revela
Conviene mirar los incentivos. Un Ejecutivo que recurre al TC para frenar una norma de gasto obligatorio actúa dentro de la lógica de la responsabilidad fiscal: las reconexiones gratuitas tienen un costo que alguien debe absorber, y ese alguien, en última instancia, es el contribuyente o la empresa regulada. La decisión de fondo puede ser correcta.
El dato importa más que el ruido, sin embargo. Que el biministro del Interior —segunda figura del gabinete en jerarquía protocolar y responsable de la coordinación política— se enterara por la prensa de una acción judicial firmada por el Presidente no es un detalle administrativo menor. Es una señal de que los circuitos internos de deliberación no funcionaron. En un gobierno que se presenta como alternativa de orden y eficiencia institucional frente al ciclo anterior, la imagen de ministros que no se llaman entre sí antes de mover piezas jurídicas de alto perfil es un costo político que no estaba en el presupuesto. La historia sugiere cautela: los episodios de descoordinación, cuando se acumulan, erosionan la autoridad del jefe de gabinete y, con ella, la capacidad del Ejecutivo de negociar con el Congreso desde una posición unificada.
