Un segundo avión procedente de Estados Unidos aterrizó el viernes en el Aeropuerto Internacional de Bangui M'poko con 30 migrantes deportados a bordo. La aeronave hizo escala en Dakar y Acra antes de llegar a la capital de la República Centroafricana (RCA), según confirmaron a EFE los abogados que representan a los migrantes.
El vuelo se enmarca en un acuerdo bilateral firmado en mayo pasado por el que la RCA aceptó acoger a expulsados de Estados Unidos a cambio de 81 millones de dólares. No es el primero: el 12 de junio llegaron al país otros 25 migrantes de origen turco, sirio, iraní, afgano y tibetano. Los abogados no revelaron la nacionalidad de los recién llegados en esta segunda operación ni aportaron más detalles, alegando razones de seguridad.
La recepción se realizó en un evento cerrado a la prensa, con presencia de funcionarios centroafricanos y estadounidenses. Los mismos abogados describieron a sus representados como personas «desmotivadas y desanimadas porque no tienen ningún vínculo con el país».
La llegada generó reacciones inmediatas en la oposición y la sociedad civil centroafricana. Raymond Adouma, presidente del partido opositor Movimiento de Desarrollo Integral para el Progreso Social (MDI), afirmó a EFE que el presidente Faustin Archange Touadera debe «una explicación» y lo acusó de recibir algo a cambio de un «acuerdo deshonroso» que convierte al país en un «vertedero humano al que los poderosos» envían a «los no deseados». «¿Cuántos migrantes se supone que deben venir aquí y qué puede hacer la RCA por ellos a corto, mediano y largo plazo? Lo que está sucediendo es indecente y horrible», añadió Adouma.
Quentin Ngbouando, coordinador de la organización de la sociedad civil Asociación I Gwé, lamentó a EFE que el acuerdo «viola» el derecho internacional y cuestionó por qué no se ayuda a los deportados a regresar a sus países de origen o a dirigirse al destino que elijan.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado previamente que los deportados carecen de asistencia legal y que, en ocasiones, son recluidos en prisiones de máxima seguridad sin cargos formulados. Ambas ONG han pedido a los países africanos que rechacen estos tratados con Washington.
La RCA se suma así a una lista creciente de países africanos que colaboran con Estados Unidos en recibir expulsados de terceros países, entre ellos Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, Esuatini y Ruanda.
Conviene mirar los incentivos. Para Washington, externalizar la recepción de deportados a terceros países es una palanca de presión migratoria con un costo fiscal concreto y medible: 81 millones de dólares en el caso centroafricano. La lógica es la de cualquier política de disuasión: encarecer la permanencia irregular en territorio estadounidense mediante la certeza de la expulsión, incluso hacia destinos sin vínculo cultural o familiar con el migrante. El dato importa más que el ruido: la red africana de países receptores crece, lo que sugiere que la administración Trump ha encontrado en el continente interlocutores dispuestos a negociar soberanía de recepción a cambio de transferencias directas. Si ese modelo se consolida, el debate migratorio en Washington dejará de girar en torno a si se puede deportar, y pasará a discutir cuánto cuesta hacerlo y a quién.
