El regulador británico de competencia acaba de mover una ficha con consecuencias prácticas para millones de consumidores. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) publicó el viernes una resolución provisional. En ella propone que Aldi Stores Ltd, Lidl Great Britain Ltd y Lidl Northern Ireland Ltd queden sujetos a la Orden de 2010 sobre el mercado de productos de alimentación en materia de terrenos.
Esa norma lleva 16 años vigente. Obliga a los siete grandes distribuidores del país —Asda, Co-op, Marks and Spencer, Morrisons, Sainsbury's, Tesco y Waitrose— a no bloquear mediante acuerdos sobre suelo la apertura de supermercados rivales en sus proximidades. Los mecanismos prohibidos son dos: las cláusulas restrictivas en contratos de compraventa de parcelas y los pactos de exclusividad que reservan a un operador el derecho a ser el único supermercado en una zona.
Cuando el reglamento se aprobó, Aldi y Lidl quedaron fuera. Operaban entonces como «distribuidores de surtido limitado»: tiendas pequeñas, gama reducida, precios bajos. Un modelo distinto al de las grandes cadenas generalistas. La CMA considera que ese perfil ya no existe.
El organismo identifica tres razones para el cambio de categoría. Primera: ambas cadenas disponen hoy de tiendas de más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas en toda Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Segunda: ofrecen una selección completa de alimentación, aunque con menos referencias en algunas categorías. Tercera: compran directamente a proveedores a través de una función integrada de distribución mayorista. Es decir, operan igual que el resto de grandes cadenas.
El contexto de mercado refuerza el argumento regulatorio. El sector de alimentación en el Reino Unido vale unos 215.000 millones de libras —aproximadamente 255.000 millones de euros—, según datos citados por la propia CMA. Dentro de ese mercado, Aldi y Lidl figuran entre los cinco primeros distribuidores por cuota. Su crecimiento desde los años noventa ha sido sostenido. Se aceleró durante los periodos de inflación elevada, cuando los consumidores buscaron alternativas más baratas a las cadenas tradicionales.
«Queremos que todo el mundo tenga la mejor oferta posible de supermercados y precios al comprar alimentación», declaró Juliette Enser, directora ejecutiva de Aplicación de la Competencia y Mercados de la CMA. «Para garantizarlo, establecemos normas que impidan a las grandes cadenas bloquear la apertura de tiendas rivales cercanas, y ahora proponemos aplicar esas mismas normas a Aldi y Lidl», añadió según el comunicado oficial del organismo.
La resolución no es definitiva. La CMA abre un periodo de consulta pública. Las partes interesadas tienen hasta las 17:00 horas del 7 de septiembre de 2026 para presentar alegaciones. La resolución final se espera para el otoño de 2026.
Conviene mirar los incentivos. La norma de 2010 nació para garantizar libertad real de elección al consumidor. Aplicarla a Aldi y Lidl no es un castigo: es la consecuencia lógica de que ambas cadenas dejaron de ser operadores marginales para convertirse en actores sistémicos del mercado. El libre mercado funciona cuando las reglas son iguales para todos los que compiten en el mismo espacio. Una asimetría regulatoria sostenida durante 16 años distorsiona los incentivos. Corregirla es, en principio, una señal de que el regulador actualiza sus categorías cuando la realidad lo exige. El dato importa más que el ruido: la pregunta no es si Aldi y Lidl merecen el trato de grandes cadenas, sino si el marco regulatorio refleja el mercado que existe, no el que existía.
