El Departamento de Estado publicó el lunes un informe de 99 páginas que documenta cómo grupos de izquierda con vínculos profundos con el gobierno cubano y su aparato de inteligencia desarrollaron un plan de «acciones coordinadas a nivel nacional» frente a bases militares, oficinas de reclutamiento, edificios federales, instalaciones del ICE e incluso «arenas deportivas durante eventos de alta visibilidad».
La organización paraguas detrás del plan es la National Network on Cuba (NNOC), que reúne a más de 50 grupos, entre ellos Democratic Socialists of America, Communist Party USA y CODEPINK. Según el documento, el objetivo declarado del plan sería hacer «política y materialmente costoso para el gobierno de EE.UU. hacer la guerra a Cuba» en un plazo de 24 horas desde cualquier amenaza o ataque.
El contexto no es menor. El presidente Trump ha sugerido que las fuerzas militares estadounidenses podrían «pasar por» la isla caribeña tras el conflicto con Irán derivado del cierre del estrecho de Ormuz. Esa posibilidad, real o especulativa, parece haber acelerado los planes de movilización descritos en el informe.
El reporte también señala que Black Alliance for Peace, descrita como «colaboradora frecuente» de La Habana, ha circulado una «guía de objetivos» con 1.335 instalaciones militares o de seguridad. Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que tanto las agencias de seguridad doméstica como las de contraterrorismo «están examinando con atención» lo que calificó como una «amenaza muy seria y concreta», y advirtió que algunos de los grupos del NNOC «han estado involucrados en acciones violentas en el pasado».
La red de influencia cubana, según el informe, «sigue manteniendo vínculos con poderosas organizaciones sin fines de lucro de izquierda, colectivos anti-ICE, grupos socialistas y organizaciones militantes marxistas en todo Estados Unidos». El mismo documento traza una línea histórica que conecta esa influencia con movimientos como los Panteras Negras, Weather Underground y Antifa.
El instrumento central de esa red es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), fundado por Fidel Castro y descrito en el informe como el «nexo central» de la inteligencia e influencia de La Habana por sus «vínculos duraderos con universidades, grupos estudiantiles y movimientos activistas» estadounidenses. En junio, el secretario de Estado Marco Rubio sancionó al ICAP por funcionar como «subdivisión política, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Cuba que apoya actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas». Su director, Fernando González Llort, cumplió 15 años de prisión en EE.UU. por integrar una red de espionaje cubana en los años noventa.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia ya tienen en la mira los flujos de financiamiento de algunos de estos grupos. CODEPINK, en particular, está bajo escrutinio del Distrito Sur de Nueva York por posibles delitos financieros vinculados a su financiador, Neville Roy Singham.
Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe, llevan meses en conversaciones con líderes cubanos. En mayo, Ratcliffe advirtió que La Habana «ya no puede ser un refugio seguro para adversarios» de Washington.
---
Conviene mirar los incentivos. Lo que el informe pone sobre la mesa no es solo una lista de protestas anunciadas: es la arquitectura de una red que, según el propio Departamento de Estado, lleva décadas operando en el tejido de la sociedad civil estadounidense, desde campus universitarios hasta organizaciones sin fines de lucro con acceso a fondos millonarios. Que esa red haya elaborado un plan con objetivos físicos concretos —bases militares, instalaciones del ICE, recintos deportivos— eleva el debate más allá de la libertad de expresión y lo instala en el terreno de la seguridad nacional.
El dato importa más que el ruido. La respuesta del aparato de seguridad, encabezada por Rubio y Ratcliffe, sugiere que la administración Trump trata este expediente con seriedad operativa, no solo retórica. Lo que sigue dependerá de si las agencias logran distinguir con precisión entre activismo legítimo e interferencia extranjera coordinada —una distinción que, mal trazada, puede costar tanto en términos de libertades civiles como de seguridad real.
