El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes emitió citaciones a tres entidades pertenecientes a la red del multimillonario expatriado Neville Roy Singham, conocido por su afinidad declarada con el Partido Comunista Chino. La investigación apunta a esclarecer el posible papel de esa red en lavado de dinero, amplificación de propaganda del PCCh y fomento de violencia política.
Entre las organizaciones señaladas figura el People's Forum, al que la fuente atribuye un rol activo en la propagación del odio antisemita que, según el artículo, «ha envenenado Nueva York y otras partes del país». La pesquisa llega en un momento en que varias localidades de Estados Unidos han adoptado restricciones a la construcción de centros de datos, incluyendo una nueva iniciativa en Pensilvania y una prohibición estatal impulsada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.
Una serie de informes del Bitcoin Policy Institute sostiene que la red Singham amplifica la campaña de Beijing para alimentar los temores de los estadounidenses hacia los centros de datos. Según la misma fuente, en esa campaña también participan el suizo Hansjörg Wyss y la Oak Foundation del británico Alan Parker.
El trasfondo estratégico es nítido: China busca superar a las empresas estadounidenses en el dominio global de la inteligencia artificial, y obstaculizar la construcción de centros de datos en territorio norteamericano puede comprometer seriamente ese desarrollo. La fuente señala que el alarmismo carece de base: los centros de datos consumen menos agua que cualquier otra industria, se construyen cada vez más con sus propias plantas de energía y generan empleos de calidad, particularmente en el sector de la construcción.
Conviene mirar los incentivos. Una campaña de desinformación que logra traducirse en legislación estatal —sin disparar un solo proyectil— representa un instrumento de política exterior de bajo costo y alto rendimiento para Beijing. El dato importa más que el ruido: no es la retórica ambientalista la que explica la sincronía de estas restricciones en distintos estados, sino la convergencia de intereses entre activistas financiados desde el exterior y un aparato de propaganda que opera con décadas de experiencia.
Para Continente, la pieza más reveladora no es la investigación en sí —bienvenida, aunque tardía— sino la eficacia del método. Cuando el Estado regula por miedo manufacturado, el costo lo pagan los contribuyentes en forma de menor competitividad, empleos que no se crean y dependencia tecnológica que se profundiza. La libre empresa y la soberanía digital de Estados Unidos no se defienden solo en los foros diplomáticos; se defienden también en las juntas de planificación municipal donde estas campañas cosechan sus victorias más discretas. La historia sugiere cautela ante cualquier movimiento que, bajo el paraguas del interés público, sirva con precisión quirúrgica los objetivos de una potencia rival.
