Una mujer fue arrestada en Tigre, provincia de Buenos Aires, acusada de integrar una red dedicada a reclutar personas en Argentina para enviarlas a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una investigación que se extendió varios meses y que involucró a múltiples dependencias del aparato de seguridad federal.
Según fuentes policiales, la detenida actuaba junto a su pareja, actualmente prófuga. Ambos habrían captado civiles y ex uniformados en diferentes puntos del país, ofreciéndoles un pago mensual de 3.000 dólares a cambio de participar en el conflicto armado.
El caso se originó en marzo, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó en el sector de pre-embarque del aeropuerto internacional de Ezeiza a cuatro hombres que declararon viajar a Ucrania para realizar tareas de construcción. Sus relatos presentaban inconsistencias: ninguno pudo explicar cómo se financiaron los pasajes, quién los recibiría en destino ni en qué consistirían exactamente las tareas. Tampoco contaban con pasajes de regreso ni dinero para su estadía.
Ante las contradicciones, los cuatro reconocieron finalmente que pretendían sumarse a los combates en el frente ucraniano con la promesa de un salario en moneda extranjera, aunque sin contrato previo firmado. Aclararon además que la coartada de los trabajos de construcción había sido acordada entre ellos por temor a ser detenidos si revelaban el verdadero motivo del viaje.
El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora impidió el abordaje y delegó la investigación en el Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Las pesquisas permitieron identificar a los reclutadores y establecer que operaban desde Tigre, utilizando vehículos para trasladar a los reclutados hasta el aeropuerto, según un reporte del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El allanamiento al domicilio de los sospechosos, ubicado en la calle Alfonsina Storni al 100, contó con la participación de un Grupo de Irrupción del GEOF, personal del CPM, especialistas en cibercrimen y efectivos del Departamento Trata de Personas. En el operativo se secuestró el teléfono celular de la detenida, en el que se detectó el uso de la aplicación Binance para operar con criptoactivos y fondos que ya habían sido congelados por la justicia. También se incautaron insignias y parte de un uniforme policial. No se hallaron víctimas de trata ni documentos que aludan directamente al delito.
La mujer fue trasladada incomunicada y permanece a disposición del magistrado interviniente. Su pareja viajó a Brasil a finales de junio y se cree que sigue fuera del país.
El dato importa más que el ruido. Lo que este caso revela es la porosidad de ciertas redes informales que, apoyadas en plataformas digitales y criptoactivos, logran operar en el margen de la ley con una eficacia inquietante. La promesa de 3.000 dólares mensuales —cifra significativa en el contexto económico argentino— constituye un incentivo que el Estado no puede ignorar: donde el mercado formal no ofrece oportunidades, los mercados ilegales llenan el vacío.
Conviene mirar los incentivos. La respuesta institucional —coordinación entre fuerzas federales, intervención judicial temprana, congelamiento de activos digitales— funcionó en este caso. La pregunta que queda abierta es cuántas redes similares operan sin haber activado aún ninguna alerta en Ezeiza.
