La Argentina se convirtió en territorio de operaciones para organizaciones que reclutan ciudadanos para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según fuentes policiales y judiciales citadas por La Nación, al menos 50 argentinos habrían sido trasladados al frente de batalla en tres tandas durante los últimos nueve meses, reclutados por distintas células que aún operan en el país.
El caso más reciente involucra a la expolicía bonaerense Griselda Inés Ortiz y a su pareja, el expolicía federal Jorge Otero —conocido por su nombre de guerra «sargento Trembo»—, imputados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La investigación, encabezada por el fiscal Sergio Mola y los fiscales de PROTEX Alejandra Mágano y Marcelo Colombo, determinó que los acusados prometían a los reclutados un pago de US$ 3.000 por combatir y un seguro de vida de US$ 400.000 para sus familias. Ambas promesas eran falsas: al llegar a Ucrania, los combatientes recibieron US$ 600 y sus pasaportes les fueron retenidos por los reclutadores locales. En casi cuatro meses de pesquisa, los investigadores no hallaron un solo caso en que se hubiera abonado el monto prometido.
Ortiz percibía cerca de US$ 400 mensuales por cada recluta captado, según fuentes oficiales. Viajó en una ocasión a Ucrania el año pasado. Otero, en cambio, estuvo en territorio ucraniano en varias oportunidades y abandonó Argentina el 29 de junio pasado con destino a Brasil; actualmente está prófugo con pedido de captura internacional. Ante el juez federal Luis Armella, Ortiz se negó a declarar y, al ser consultada sobre sus ingresos, respondió únicamente que vivía «de lo que me pasan mis hijos».
Ambos fueron acusados bajo el artículo 145 del Código Penal, que castiga con penas de cinco a diez años a quienes capten, trasladen o alojen personas con fines de explotación. El mismo artículo prevé de dos a seis años de prisión para quien conduzca a una persona fuera del país con el propósito de alistarla en un ejército extranjero. En este caso, la fiscalía aplicó la figura más grave por la pluralidad de víctimas.
En abril de este año, los fiscales Colombo y Mángano ya habían alertado a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas (Redtram) sobre el fenómeno, describiendo «indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles —en muchos casos exmilitares o exfuerzas de seguridad—, coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje bajo modalidad solo de ida hacia países limítrofios del conflicto bélico».
La banda desarticulada es, según las fuentes, solo el último eslabón visible de una cadena que tiene su otro extremo en Europa oriental. Las autoridades estiman que uno o dos contingentes reclutados por esta organización se encuentran actualmente en territorio ucraniano; otro grupo ya regresó tras pasar entre cinco y seis meses en zona de guerra.
El dato importa más que el ruido. Lo que este caso expone no es únicamente una operación delictiva transnacional: es la vulnerabilidad de personas —exmilitares, expolicías, aventureros o simplemente ciudadanos en situación económica precaria— frente a redes que explotan la necesidad y la desinformación. El Estado argentino tardó meses en actuar, y lo hizo recién cuando la División Antisecuestros de la Policía Federal detectó el esquema. Conviene mirar los incentivos: mientras otras células permanezcan activas y la impunidad sea el escenario más probable para quienes operan desde el exterior, el reclutamiento continuará. La pregunta que la coyuntura deja abierta es si la coordinación entre fiscalías y fuerzas de seguridad tiene la escala suficiente para desmantelar una red que, por definición, no respeta fronteras.
