Una portada de la revista Semana ha desatado un nuevo episodio de turbulencia en el gobierno de Gustavo Petro. La publicación revela la presunta existencia de una red operada por Juliana y Verónica Guerrero para ofrecer contratos públicos a empresarios privados a cambio de pagos millonarios.
Según la investigación, Juliana Guerrero era la encargada de gestionar el acceso a contratos en el Ministerio de Vivienda y del Interior. La tarifa: 200 millones de pesos más el 10 por ciento del valor de cada proyecto adjudicado. Su hermana Verónica actuaba como enlace con los empresarios para mantenerlos informados del estado de los procesos.
El dinero, según Semana, lo recibía David Trespalacios, un joven de Barranquilla cercano a la familia. La revista señala que al menos tres personas que participaron en el entramado se presentaron como fuentes para documentar el esquema. Entre las pruebas citadas figuran chats de WhatsApp, audios, testimonios y registros de consignaciones bancarias.
Uno de los elementos más llamativos del caso involucra la presunta búsqueda de un título universitario falso para una de las hermanas. Según un chat en poder de Semana, uno de los posibles contratistas ofreció un título en administración por 25 millones de pesos. Juliana Guerrero ya enfrenta, según la misma fuente, procesos por falsificación de títulos.
El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, reaccionó públicamente y calificó los hechos de «aterradores y cochinos». «Aquí hay chats, audios, testimonios, testigos y consignaciones bancarias que respaldarían las denuncias. Incluso, empresarios afirman haber entregado más de 600 millones de pesos sin recibir los contratos prometidos», afirmó el congresista, según declaraciones recogidas por Semana.
Rodríguez también subrayó que lo más grave del caso es que la presunta red habría operado sin que las involucradas ocuparan cargos públicos formales, lo que sugiere que el acceso al Estado se habría comercializado a través de vínculos informales con el poder. «En Colombia nadie, ni las amigas especiales de Gustavo Petro pueden pasar por encima de la ley», dijo el senador, según la misma fuente.
La Fiscalía y los organismos de control son los llamados a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, de acuerdo con el legislador.
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El dato importa más que el ruido. Lo que este caso pone sobre la mesa no es solo la conducta de dos particulares, sino la pregunta de fondo: ¿cómo funciona realmente el acceso a la contratación pública cuando el Estado se administra desde redes de confianza personal en lugar de procedimientos transparentes? Empresarios que habrían entregado más de 600 millones de pesos sin recibir nada a cambio son, ante todo, víctimas de un sistema donde los incentivos correctos —competencia abierta, reglas claras, rendición de cuentas— han sido reemplazados por intermediarios y tarifas informales.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el aparato estatal concentre más discrecionalidad en la adjudicación de contratos y menos transparencia en los procesos, este tipo de estructuras encontrará terreno fértil. La historia sugiere cautela: los escándalos de corrupción en Colombia rara vez terminan en condenas rápidas, y el costo político suele diluirse antes de que la justicia se pronuncie. La pregunta relevante no es si habrá investigación, sino si habrá consecuencias.
