La paciencia tiene un precio. En Colón, partido del norte bonaerense, más de 70 productores agropecuarios se reunieron en la Sociedad Rural local para definir un reclamo formal ante el municipio: que la tasa vial se reduzca mientras el estado de los caminos rurales no mejore. El documento todavía está en revisión, pero el eje ya está fijado.
La propuesta en discusión establece que, de manera transitoria, todos los productores paguen un mismo valor por hectárea equivalente al que hoy corresponde a los establecimientos de entre 50 y 100 hectáreas: unos $10.000 por hectárea al año. El esquema se mantendría hasta que el municipio presente un plan de obras concreto y el estado de la red vial comience a mejorar.
El reclamo será presentado al intendente Waldemar Giordano, de Unión por la Patria. «Estamos cansados de reuniones con los intendentes de turno. Queremos un planteo concreto y respuestas concretas», dijo José Manfredini (h), vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, al diario La Nación. Según explicó, el problema no es solo el mal estado de los caminos, sino la ausencia de un plan de mantenimiento: alteos, cuneteo, pendientes adecuadas para el escurrimiento del agua, alcantarillas en condiciones. «Hace mucho tiempo que ese trabajo no se hace», afirmó.
Actualmente, la tasa vial de Colón se cobra por hectárea con alícuotas que varían según la categoría del establecimiento. La ordenanza municipal calcula cada cuota tomando como referencia el precio de medio litro de gasoil grado 3 y el de medio kilo de carne de novillo. Para la segunda cuota de 2026, los valores de referencia fueron de $990,80 por medio litro de gasoil y de $2.131,49 por medio kilo de novillo, sobre los cuales se aplica el coeficiente correspondiente a cada categoría.
Los productores cuestionan ese esquema porque, pese a pagar montos distintos, todos reciben el mismo servicio deficiente. El productor Estanislao Villalón fue directo: «Una tasa tiene que tener una contraprestación. Nosotros pagamos para que mantengan los caminos rurales y entendemos que hoy ese servicio no se está prestando como corresponde».
Hay un señalamiento adicional que agrava el cuadro. Según Manfredini, entre la recaudación de la tasa vial y los fondos específicos que envía la provincia para caminos rurales ingresarían alrededor de $1.600 millones, aunque asegura que solo una parte termina destinándose a ese fin. A eso se suma el deterioro del parque de maquinaria municipal: «Debe haber tres o cuatro máquinas y, con suerte, funciona una. Son equipos muy viejos y hace muchos años que prácticamente no se renuevan», señaló.
Si no obtienen respuestas, los productores no descartan recurrir a la Justicia para cuestionar el cobro de la tasa mientras el servicio, sostienen, no responda a las necesidades de la producción.
Conviene mirar los incentivos. Una tasa sin contraprestación verificable no es un precio por un servicio: es una transferencia forzosa al aparato municipal. El caso de Colón ilustra un patrón recurrente en la Argentina profunda: el Estado cobra con puntualidad, pero mantiene con discrecionalidad. Cuando los fondos recaudados para un fin específico se dispersan en el presupuesto general sin rendición de cuentas, el productor financia la burocracia en lugar del camino. La respuesta del intendente Giordano dirá mucho sobre si el reclamo tiene salida institucional o si los productores deberán buscarla en los tribunales.
