El doble terremoto que devastó La Guaira dejó, según el último balance oficial citado por el partido opositor Primero Justicia (PJ), 5.208 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 190 edificios colapsados y 856 estructuras afectadas. Las cifras sitúan el desastre entre las mayores catástrofes naturales recientes de América Latina.
En ese contexto, PJ presentó una serie de propuestas técnicas para orientar la reconstrucción del estado costero. El eje central es tomar como referencia el modelo japonés de gestión sísmica, un estándar reconocido internacionalmente por su rigor en prevención, respuesta y recuperación post-desastre.
María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad de Primero Justicia, sostuvo que «la atención inmediata debe centrarse en los sobrevivientes» y que la reconstrucción debe «cimentarse en criterios científicos y en la experiencia acumulada». En su comunicado, Hernández afirmó que el Estado venezolano «carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas».
Uno de los puntos concretos del plan es la gestión de los aproximadamente 2.106.000 toneladas de escombros que, según cifras presentadas por el gobierno venezolano junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), generó el doble terremoto. PJ propone aplicar un sistema similar al japonés que contemple «el parcelamiento, la clasificación, trituración e incineración móvil de escombros para la reapertura de vías», además de prohibir el depósito de materiales contaminantes en el mar.
El partido también pidió retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón tras el deslave de 1999, que afectó igualmente a La Guaira. A ello suma las recomendaciones de la Universidad Central de Venezuela para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado.
Otro componente es la «microzonificación sísmica»: ninguna obra de reconstrucción o nueva edificación debería autorizarse sin estudios previos que determinen la resistencia del suelo y los riesgos específicos de cada parcela, garantizando que las nuevas estructuras soporten eventos sísmicos de gran magnitud.
Hernández fue directa al evaluar la responsabilidad política del desastre: «La reconstrucción no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado».
Conviene mirar los incentivos. Un régimen que ha concentrado durante más de dos décadas el poder de planificar, construir y regular —sin contrapesos institucionales ni libre empresa capaz de exigir estándares— enfrenta ahora las consecuencias de esa acumulación. Las 2.106.000 toneladas de escombros no son solo el resultado de un fenómeno natural; son también el saldo de años de burocracia sin rendición de cuentas, normas de construcción no aplicadas y ausencia de los mecanismos de mercado que en otras latitudes obligan a los constructores a internalizar el riesgo sísmico.
La propuesta de PJ tiene el mérito de señalar un estándar verificable —el modelo japonés— frente a la opacidad con que el aparato estatal venezolano ha manejado la emergencia. El dato importa más que el ruido: 5.208 muertos y 17.907 personas sin techo exigen planificación técnica, no improvisación política. La historia sugiere cautela respecto a que el mismo Estado que, según la oposición, «falló en el pasado» lidere ahora una reconstrucción de esta magnitud sin supervisión independiente ni participación de la sociedad civil y el sector privado.
