El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, aseguró este jueves en Málaga que los gobiernos autonómicos del partido «cumplirán con la ley» en materia de menores migrantes. La declaración llega en un momento de tensión abierta entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas por el mecanismo de reparto obligatorio de menores no acompañados.
Bendodo precisó que en los documentos firmados en las comunidades con gobierno de coalición entre PP y Vox figura el compromiso de «cumplir la ley en materia de inmigración irregular». «La legislación vigente se cumplirá, esta ocasión también», afirmó. Al mismo tiempo, el dirigente popular responsabilizó al Ejecutivo nacional del problema: «El gobierno es el que tiene que resolver esta situación. Que no eche la pelota a las comunidades. Es un problema de seguridad y de inmigración ocasionado por este gobierno».
La posición del PP contrasta, sin embargo, con la de su socio de gobierno en Andalucía. El vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, de Vox, publicó en la red social X que «Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez». Gavira añadió: «Así lo pactamos».
Desde el lado del Gobierno central, el delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, advirtió que si las comunidades se niegan a acoger a los menores, «tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de menores». «Evidentemente, la ley tiene que cumplirse», señaló en una entrevista en la Cadena Ser.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en unos 1.100 los menores migrantes que la ciudad autónoma atiende en este momento, y confirmó que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península.
La postura de Bendodo —«todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse»— define el marco político del PP: acatamiento formal de la norma vigente, pero rechazo a asumir una carga que, según el partido, corresponde gestionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Conviene mirar los incentivos. El aparato estatal central ha diseñado un mecanismo de distribución que transfiere costos operativos y políticos a las comunidades autónomas sin ceder el control de la política migratoria. Las regiones que reciben menores asumen el gasto de acogida, educación y tutela, mientras el Gobierno retiene la competencia sobre fronteras y regularización. Esa asimetría explica la resistencia autonómica mejor que cualquier cálculo ideológico. El dato importa más que el ruido: con 1.100 menores concentrados en Ceuta, la presión sobre los servicios locales es real e inmediata, y ninguna declaración de principios —ni la del PP ni la del Gobierno— resuelve por sí sola el problema de capacidad sobre el terreno.
