El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, lanzó esta semana una crítica velada pero inequívoca al Gobierno español: sus políticas migratorias generan un «efecto llamada» que atrae flujos irregulares sin ofrecer las condiciones para acogerlos ni integrarlos. La declaración llegó en los márgenes de un acto en Torres Vedras y apuntó directamente a la crisis que sacudió Ceuta la semana pasada.
La semana anterior, unas 70.000 personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma española en apenas 24 horas. El Gobierno de España considera la situación ya resuelta tras devolver a prácticamente todas ellas a Marruecos. Sin embargo, el episodio abrió un debate europeo de mayor alcance sobre los incentivos que generan determinadas políticas migratorias.
«Estamos asistiendo incrédulos a la falta de reglas, de regulación, para los flujos migratorios, en los que algunos insisten en adoptar políticas que tienen muchas veces un efecto llamada», afirmó Montenegro, según informó la agencia Lusa. El primer ministro portugués contrastó ese modelo con el suyo propio: «En Portugal estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Estamos creando condiciones para que las personas tengan dignidad cuando llegan a Portugal», precisando que esas condiciones implican «tener un trabajo, una vivienda y acceso a la salud, la educación y la movilidad».
Este martes, los ministros del Interior de la Unión Europea se reunieron para abordar lo ocurrido en Ceuta y acordaron reforzar las fronteras y las medidas de respuesta ante situaciones similares. Italia y los países nórdicos se sumaron a las críticas dirigidas a España, ampliando el frente de presión sobre Madrid. Desde Bruselas, sin embargo, se matizó que no ven «un nexo directo» entre las políticas de regularización y lo que sucedió la semana pasada.
La aclaración de la Comisión no cierra el debate, sino que lo traslada al terreno más incómodo para los defensores de la regularización amplia: si no es la política de regularización en sí, ¿qué señal reciben quienes intentan el cruce irregular? La pregunta queda abierta en las cancillerías europeas.
El dato importa más que el ruido. Lo que revelan los últimos días no es solo una crisis puntual en Ceuta, sino la tensión estructural entre dos modelos de gestión migratoria dentro de la propia Unión Europea. Portugal, gobernado por una centroderecha que ha apostado por vincular acogida a integración laboral efectiva, ofrece un contrapunto concreto al enfoque español. La distinción no es retórica: un Estado que promete regularización sin capacidad de absorción real no solo falla en la integración, sino que altera los incentivos de quienes aún no han partido. Conviene mirar esos incentivos antes de que la próxima crisis obligue a otra ronda de reuniones de emergencia en Bruselas con acuerdos igual de vagos.
