El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó este lunes que «hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos», en referencia a una eventual intervención terrestre de soldados estadounidenses en la isla de Jark. La declaración, formulada en rueda de prensa, respondía a una pregunta sobre las amenazas del presidente Donald Trump acerca de una posible toma de esa isla estratégica. «Verán las consecuencias», agregó Baqaei.
Jark se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa iraní y es el punto de salida del 90 % de las exportaciones petroleras del país. Su control equivale, en la práctica, a una llave sobre los ingresos del régimen de los ayatolás.
Las declaraciones del portavoz se producen en un contexto de escalada sostenida. Washington ha lanzado varios ataques aéreos contra la isla desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero pasado. Las tensiones se intensificaron de nuevo a partir del 11 de julio, con nuevas oleadas de ataques estadounidenses contra territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio. Los intercambios bélicos se prolongaron durante la madrugada del lunes por novena jornada consecutiva.
El propio Trump abrió la puerta a una operación terrestre en una entrevista con Fox News la semana pasada: «Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría», dijo el presidente en referencia a una posible incursión en Jark.
Conviene mirar los incentivos. La ambigüedad calculada del portavoz iraní —evocar a quienes «recibirían» a las tropas, sin precisar si eso augura resistencia o colapso interno— es un recurso retórico deliberado: mantiene la incertidumbre sin comprometer al régimen con una promesa militar que podría no cumplir. Teherán sabe que una intervención terrestre en Jark no es solo un golpe militar; es un torniquete sobre sus finanzas.
Para Washington, la presión sobre Jark responde a una lógica de libre mercado invertida: privar al régimen del flujo de ingresos que financia su aparato de seguridad, su programa nuclear y sus proxies regionales. El dato importa más que el ruido: mientras los intercambios de misiles generan titulares, el verdadero campo de batalla es la capacidad exportadora iraní. Si esa llave se cierra, el cálculo del régimen cambia. La historia sugiere cautela ante cualquier operación terrestre en la región, pero también ante cualquier subestimación de la presión económica acumulada sobre Teherán.
