Las autoridades polacas presentaron ante Estados Unidos una solicitud formal de detención temporal y extradición del exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, según confirmó el portavoz del Gobierno, Adam Szlapka, en un mensaje en redes sociales. La petición cubre 19 de los 26 presuntos delitos que la justicia polaca le imputa, entre ellos pertenencia a una organización criminal y malversación de fondos públicos por un monto de 40 millones de dólares.
La Fiscalía polaca precisó que la solicitud fue transmitida por vía diplomática y que la reducción de 26 a 19 cargos obedece a una determinación del Tribunal de Apelación de Varsovia: ese tribunal consideró que, respecto a los siete actos excluidos, «las pruebas recabadas no indicaban una alta probabilidad de su comisión». Las autoridades subrayaron que esa limitación «no afecta el alcance de la investigación en curso», que continúa abarcando la totalidad de los delitos descritos en la resolución de acusación.
Los cargos excluidos de la solicitud de extradición se refieren al incumplimiento de obligaciones de supervisión sobre el Fondo de Justicia y a haber permitido que el exviceprimer ministro Marcin Romanowski tomara decisiones sobre la concesión de subvenciones específicas de ese fondo sin contar con las facultades legales para hacerlo.
Ziobro huyó a Hungría junto a Romanowski, donde ambos obtuvieron asilo político del entonces primer ministro Viktor Orbán. En mayo pasado, el propio Ziobro confirmó públicamente que había abandonado Hungría y se encontraba en Estados Unidos, movimiento que coincidió con el cambio de gobierno en Budapest: el nuevo ejecutivo de Péter Magyar había anunciado que no mantendría la protección a los dos exfuncionarios polacos.
La cooperación entre Polonia y Estados Unidos en materia de extradición se sustenta en un acuerdo bilateral que data de 1996, al que la Fiscalía polaca hace referencia explícita en su comunicado. Ziobro mantiene actualmente un escaño como diputado en el Sejm, el parlamento polaco.
El caso concentra varios elementos que merecen atención más allá del expediente judicial. El primero es el uso del aparato estatal como refugio: la acusación central apunta a que fondos públicos destinados a la justicia habrían sido desviados bajo la administración del propio ministro encargado de custodiarlos. Cuando el dinero de los contribuyentes financia a quienes deben rendirle cuentas, el daño institucional excede la cifra malversada.
El segundo elemento es geopolítico. Que un exfuncionario europeo acusado de delitos graves encuentre asilo sucesivo en Hungría y luego en Estados Unidos ilustra cómo las fisuras dentro del bloque occidental pueden convertirse en corredores de impunidad. La respuesta de Washington a esta solicitud —amparada en un tratado vigente desde 1996— será una señal sobre el peso real que la administración Trump asigna a la cooperación judicial con sus aliados de la OTAN. El dato importa más que el ruido diplomático que rodea al caso.
