Hay debate en las redes sociales por la visita que lideró la Embajada de China en Colombia esta semana al Metro de Bogotá. Enrique Peñalosa, exalcalde de la capital, lanzó críticas contra el evento y cuestionó que el cuerpo diplomático convocara a medios y políticos a recorrer una obra que ejecuta una empresa de ese país.
Peñalosa comparó la actividad con un eventual show del embajador de Estados Unidos al visitar un avión Boeing nuevo de Avianca, o del de Brasil al hacerlo con aviones Tucano comprados por la FAC. Su punto fue que la obra de transporte, «la más importante del país», se adquirió con recursos de los ciudadanos y «sin ningún aporte de la administración china», porque «la empresa China, Harbour, hizo la mejor oferta».
En su interpretación, «ahí no hubo ningún favor ni nada por lo que debamos estar especialmente agradecidos con el gobierno chino», del mismo modo que, según él, no habría razón para agradecer al gobierno coreano si una entidad pública compra retroexcavadoras coreanas. También reprochó la asistencia de Claudia López al evento, al que calificó de «show», y recordó que ella incluso demandó el proyecto que había sido contratado.
Peñalosa cerró su crítica con una distinción que importa para cualquier discusión seria sobre inversión, obra pública y relaciones exteriores: dijo que respeta y admira a China, y que ojalá el embajador promueva inversiones chinas en Colombia. Pero insistió en que comprar productos chinos en condiciones comerciales ordinarias «no tiene nada especialmente meritorio».
El dato importa más que el ruido. Lo que queda a la vista es una obra pública financiada con dinero de los contribuyentes, en la que un gesto diplomático terminó convertido en disputa política. Conviene mirar los incentivos: cuando una infraestructura de esa magnitud entra en la arena del espectáculo, el riesgo es que el mérito técnico y el costo para el ciudadano queden en segundo plano frente a la foto.
También hay una lección de orden institucional. Si el Metro es una compra pública hecha en condiciones comerciales ordinarias, no parece sano que el aparato estatal confunda una licitación o una visita protocolaria con una suerte de deuda simbólica hacia un gobierno extranjero. La libre empresa y la competencia existen precisamente para eso: para que la mejor oferta gane, no para que después se arme un ceremonial de agradecimiento político.
