Gustavo Petro rechazó las declaraciones de Angie Rodríguez sobre un presunto caso de chantaje y respondió con dureza en X, donde habló de un «resentimiento enfermo». En su mensaje, negó que Laura Sarabia lo hubiera chantajeado y afirmó que nunca mantuvo una relación de cercanía con la exfuncionaria del Dapre.
Petro sostuvo que no era posible concluir que existiera un chantaje por parte de Sarabia. «Jamás he sentido algún tipo de chantaje de Laura Sarabia, no veo porque tendría que existir», escribió. También dijo que ni él ni la excanciller tuvieron un contacto previo con Rodríguez que permitiera acercarla a la relación laboral y personal que mantuvieron durante su paso por la Casa de Nariño.
La reacción llegó pocas horas después de que se conocieran las declaraciones de Rodríguez, quien habló de un presunto chantaje contra Petro y comentó que fue agredido físicamente por Verónica Alcocer. El exmandatario respondió a esa versión desde su cuenta de X en la mañana del martes 13 de octubre.
En el centro de la polémica no está solo una disputa de relatos, sino el desgaste que producen estas guerras internas en la esfera pública. Cuando una figura política recurre a acusaciones cruzadas de este tipo, el costo no lo paga únicamente el adversario: lo asume también la credibilidad de las instituciones y el debate público.
Conviene mirar los incentivos. Si la conversación política se desplaza del terreno de las decisiones al de las descalificaciones personales, el resultado es menos claridad para los ciudadanos y más ruido para quienes deben evaluar responsabilidades. El Estado termina absorbido por la lógica del enfrentamiento, mientras los hechos quedan atrapados en una pelea de versiones.
La historia sugiere cautela. En episodios así, el valor de una respuesta firme está en aclarar, no en escalar. Y para una sociedad que necesita orden institucional, la prioridad no debería ser quién gana la disputa retórica, sino qué tan verificables son los señalamientos que circulan en el centro del poder.
