Gustavo Petro lleva semanas buscando dónde vivir tras dejar la Casa de Nariño. Esa búsqueda, según una historia difundida en Blu Radio, lo habría llevado al conjunto residencial Arboretto, en La Calera, en las afueras de Bogotá, donde las viviendas se cotizan entre $2.200 millones y $2.800 millones.
El periodista Felipe Zuleta relató que un hombre que se presentó como ciudadano italiano solicitó visitar casas disponibles en el conjunto, con la condición de que los inmuebles estuvieran desocupados o que sus propietarios no estuvieran presentes durante las visitas. Según Zuleta, ese comprador resultó ser el expresidente. Un agente inmobiliario habría llevado al exmandatario a conocer al menos una de las viviendas, cuyo precio inicial era de $2.600 millones, y posteriormente reveló su identidad al dueño del inmueble.
El propietario, un colombiano que reside fuera del país, habría descartado de inmediato la venta al enterarse de quién era el interesado. El motivo, según la misma versión: el temor a quedar vinculado a sanciones derivadas de la lista OFAC, de la que Petro forma parte. Más aún, el dueño habría alertado a los demás residentes a través del chat de vecinos, y las otras dos personas con viviendas en venta también habrían rechazado la posibilidad de negociar con el expresidente.
Sobre la forma de pago, Zuleta señaló tener dos versiones: una indicaba que Petro habría planteado pagar de contado; la otra, que el tema del pago aún no se había discutido.
La historia también reavivó el debate sobre la ciudadanía italiana de Petro. Según lo mencionado en la conversación radial, esa nacionalidad no derivaría de ascendencia italiana sino de su vínculo matrimonial con Verónica Alcocer, quien cuenta con dicha nacionalidad.
Las reacciones desde el entorno del expresidente fueron contradictorias. Una fuente cercana a su círculo confirmó a El Colombiano que Petro habría visitado más de una propiedad durante su búsqueda y negó que en todas se hubiera presentado con su nacionalidad italiana. Esa misma fuente aclaró que, desde su regreso de México, el exmandatario no ha permanecido de manera estable en la casa del exsenador Gustavo Bolívar, sino que ha estado allí de forma esporádica. Por su parte, Andrés Hernández, quien estuvo a cargo de las comunicaciones del exmandatario, calificó la información como «totalmente FALSA» y exigió a Blu Radio una retractación.
Petro no se ha pronunciado públicamente sobre el episodio.
Conviene mirar los incentivos. Que el propietario de un inmueble de alta gama rechace una oferta de compra —potencialmente en efectivo— por miedo a aparecer en una lista de sanciones internacionales dice más sobre el estado del expresidente que cualquier declaración oficial. La lista OFAC no es un señalamiento político doméstico: es una restricción con consecuencias financieras reales para quien haga negocios con alguien incluido en ella. El episodio ilustra, con la crudeza del mercado inmobiliario, el costo concreto que las sanciones imponen sobre quienes orbitan alrededor de figuras sancionadas. El dato importa más que el ruido: cuando el libre mercado —en este caso, un vendedor privado actuando en defensa de su propiedad— rechaza espontáneamente una transacción, el aparato estatal no necesita intervenir. El mercado ya emitió su veredicto.
