Gustavo Petro publicó un mensaje acompañado de una foto en la que aparece rodeado de jóvenes desde el sur de Bogotá. Dijo: «He ido al barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, Bogotá. Me encuentro en el punto donde fue asesinado el joven Donovan Balanta Paz por la policía de Soacha. Hay dos cámaras de la Policía de Bogotá que debieron grabar todos los hechos».
En su relato, Petro sostuvo que la situación comenzó con «una frase racista lanzada contra la esposa del propietario de la casa por un agente de la policía de Soacha». Añadió que «cerca de 20 policías de Soacha se aglutinan allí y expresan palabras soeces contra los vecinos, capturan a un joven y a Donovan lo hacen subir arrastrado por una calle/loma; durante el recorrido le aplican taser hasta que muere».
El expresidente concluyó: «Estamos ante un asesinato de la Fuerza Pública y la Fiscalía debe investigarlo de inmediato». También afirmó que en ese punto «ya han asesinado a 40 jóvenes» y que la comunidad agradece unos programas aplicados en el territorio, aunque dijo que «se han suspendido». Además, solicitó a las organizaciones juveniles organizar «una gran marcha de negritudes en Bogotá, para el respeto de las minorías étnicas con y a la juventud en general en el país».
Conviene mirar los incentivos. Cuando un exmandatario coloca en el centro una denuncia de esta gravedad, el foco ya no es solo el relato político, sino la capacidad del Estado para esclarecer los hechos con prontitud y credibilidad. Si hubo abuso, la respuesta institucional debe ser rápida; si no lo hubo, también. Lo que no puede permitirse una sociedad seria es la ambigüedad prolongada frente a una acusación tan seria.
El caso también deja una lección incómoda sobre orden público y legitimidad. La Fuerza Pública existe para proteger a los ciudadanos, no para convertirse en fuente de temor ni en objeto de sospecha permanente. Cuando la autoridad pierde confianza, el costo lo pagan los vecinos, la convivencia y la propia autoridad del Estado. El dato importa más que el ruido: solo una investigación clara puede separar la denuncia política de la verdad verificable.
