El Ministerio de Exteriores de Perú convocó al embajador de Rusia, Alekséi Ushakov, para exigirle información sobre los ciudadanos peruanos fallecidos o desaparecidos mientras combatían en favor de Moscú en la guerra con Ucrania. La reunión, encabezada por el canciller Carlos Espá, se produjo el 11 de agosto de 2026.
Espá trasladó a Ushakov la «preocupación» de la presidenta Keiko Fujimori y demandó que Rusia «proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia». El comunicado ministerial subrayó que se trata de «un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce».
Las cifras son concretas y graves. Según el Gobierno peruano, al menos once ciudadanos han fallecido, 114 están desaparecidos y tres han sido «capturados» por el Ejército ucraniano. El total de peruanos que combaten del lado ruso asciende a 459.
A la reunión concurrieron también representantes de las familias de los afectados, quienes transmitieron directamente al embajador ruso su malestar por la falta de información del Kremlin. El ministerio señaló haber sostenido «más de 25 reuniones de coordinación con las familias afectadas», haber enviado un delegado especial a Moscú y haber contribuido a la repatriación de 27 connacionales.
Lima dejó asentado que «no va a olvidar ni a despreocuparse de los peruanos, estén donde estén», e instó a las autoridades rusas a brindar datos «precisos y actualizados» sobre la situación de sus nacionales.
Lo que el dato revela. El episodio expone una tensión que los gobiernos latinoamericanos suelen eludir: la responsabilidad consular frente a ciudadanos que, por razones económicas o de otra índole, terminan enrolados en conflictos ajenos bajo banderas extranjeras. Que Lima haya convocado formalmente al embajador ruso y llevado a las familias a la mesa es una señal de que el costo político de la inacción superó al de la incomodidad diplomática.
Conviene mirar los incentivos. Moscú tiene escaso estímulo para facilitar información que documente bajas de reclutas extranjeros; hacerlo equivaldría a reconocer la escala y las condiciones del reclutamiento. Para el Gobierno de Fujimori, en cambio, la gestión activa ante Rusia es también un mensaje interno: el Estado no abandona a sus ciudadanos, incluso cuando sus decisiones los colocaron en una zona de guerra al servicio de una potencia extranjera. El principio en juego —el derecho de las familias a saber— es elemental; que haya que presionar públicamente a Moscú para obtenerlo dice más sobre la opacidad del Kremlin que sobre la diplomacia peruana.
