Enrique Peñalosa no asistió al evento en el que se presentó el avance del 82 % de las obras de la Primera Línea del metro de Bogotá, una cita organizada por la embajada de China en Colombia y encabezada por Zhu Jingyang.
Según lo que explicó el exalcalde a SEMANA, decidió no aceptar la invitación por dos razones. La primera fue su desacuerdo con que el llamado viniera del representante del Gobierno chino, al considerar que no tenía esa potestad, porque la obra ha estado liderada durante años por la Alcaldía de Bogotá y por el consorcio APCA Transmimetro, integrado por empresas privadas chinas, mientras que el Gobierno asiático no ha participado.
La segunda razón fue la presencia de Claudia López en el evento. Peñalosa recordó que la exmandataria promovió acciones legales contra el proyecto del metro en el pasado, y por eso rechazó legitimar su presencia en la jornada.
La propia López confirmó su asistencia al publicar un video junto a Jingyang, en el que dijo: «Estamos aquí con el señor embajador de China en Colombia, que muy amablemente nos invitó a ver cómo avanza nuestro metro, que ya va al 82 %».
El episodio deja una foto política clara: el metro de Bogotá sigue siendo una obra de alto valor simbólico, pero también un terreno de disputa por la autoría, la legitimidad y el protagonismo institucional. Conviene mirar los incentivos. Cuando una infraestructura de esta magnitud se convierte en vitrina diplomática, cada actor intenta capitalizar el crédito sin asumir por completo el costo político de sus decisiones.
Para el lector, lo relevante no es solo la ceremonia, sino el mensaje de fondo sobre quién manda en una obra que afecta dinero público, coordinación estatal y confianza en las instituciones. Si el avance físico del proyecto es real, también lo es el conflicto por su relato. Y en ese terreno, la presencia o ausencia de figuras como Peñalosa y López pesa tanto como el porcentaje de obra ejecutada.
La historia sugiere cautela: las obras grandes requieren continuidad, reglas claras y menos teatralidad política. Cuando el aparato estatal y sus aliados convierten cada avance en una pugna de vanidades, el riesgo es que el interés del ciudadano quede subordinado al cálculo de reputación de turno.
