China ha comenzado a librar una guerra jurídica extraterritorial que recuerda, en método, a la que durante décadas denunció como abuso de Estados Unidos. El giro es notable: Pekín construyó su relato histórico sobre el resentimiento hacia potencias que imponían sus leyes fuera de sus fronteras, primero en los puertos coloniales del siglo XIX, después mediante las sanciones y controles de exportación estadounidenses del siglo XXI. Ahora reproduce ese mismo instrumento.
El caso más visible ocurrió en abril, cuando China ordenó a Meta deshacer un acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir Manus, una startup de inteligencia artificial registrada en Singapur. Meta obedeció. También lo hicieron los fundadores chinos de Manus, a quienes se había prohibido salir del país. El episodio tuvo aire improvisado, pero Pekín trabaja ya en leyes que le dan mayor control sobre el flujo de tecnología de IA, y en septiembre entrarán en vigor facultades reforzadas para prohibir la entrada y salida de particulares.
El origen del giro se remonta a 2018, cuando Xi Jinping instó a los funcionarios del partido a «empuñar las armas legales» propias de una gran potencia. Ese mismo año, Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, fue arrestada en Canadá a petición de Estados Unidos por presuntamente ocultar vínculos con clientes iraníes sancionados. Según Henry Gao, de la Universidad de Administración de Singapur, ese arresto mostró a los líderes chinos la vulnerabilidad de sus empresas y ejecutivos frente a Washington. Pekín respondió arrestando a dos ciudadanos canadienses con cargos falsos y los mantuvo como rehenes durante casi tres años.
La primera ley china diseñada para disuadir a las empresas de acatar sanciones extranjeras, en particular las estadounidenses, se promulgó en 2021. Desde entonces el partido ha incorporado cláusulas extraterritoriales en numerosas normas nuevas. Regulaciones emitidas a finales de 2024 exigen que las empresas extranjeras que utilizan insumos chinos cumplan con las leyes de exportación del país y otorgan a los funcionarios de Pekín autoridad para investigar a los clientes de esas empresas, un mecanismo similar a la «norma de producto directo extranjero» que Washington usó para restringir el equipo de fabricación de chips holandés hacia China.
Las leyes chinas contra las sanciones extranjeras, actualizadas en abril, se inspiran en la «ley de bloqueo» de la Unión Europea, que prohíbe a empresas y ciudadanos europeos acatar sanciones que Bruselas considere ilegítimas. Pekín va más allá: prohíbe a cualquier empresa extranjera obedecer sanciones que discriminen a entidades chinas. Al amparo de esa norma, JPMorgan Chase y Citigroup son demandados por 44 millones de dólares en tribunales chinos por haber congelado, siguiendo órdenes del Departamento del Tesoro estadounidense, los activos de un comerciante de petróleo chino sancionado. En junio, el Tribunal Popular Supremo citó estas leyes para fallar contra una empresa de Singapur que se negó a entregar cargamentos de electrónica a una firma sancionada en Hong Kong.
El choque de jurisdicciones ya produce resultados contradictorios. En mayo, tribunales de Londres y de Chongqing emitieron fallos opuestos en una disputa entre Samsung y el fabricante chino de telecomunicaciones ZTE: los jueces londinenses fijaron una deuda de Samsung de 392 millones de dólares, mientras el tribunal chino la calculó en casi el doble. Satisfacer a un tribunal implica desobedecer al otro, y para una multinacional con intereses en China, ignorar a Chongqing puede resultar más costoso que ignorar a Londres.
El dato importa más que el ruido: China no solo reacciona a las sanciones ajenas, también busca fortalecer su control político interno mediante instrumentos legales de alcance global. La paradoja es evidente. Un Estado que construyó su narrativa sobre el rechazo a la extraterritorialidad ajena ahora la practica con el mismo ímpetu, apalancado en su dominio de las cadenas de suministro. Para las empresas globales, el resultado es un terreno cada vez más estrecho entre dos sistemas legales que compiten por imponerse, con la propiedad y los contratos como rehenes de la geopolítica.
La historia sugiere cautela: cuando dos hegemonías normativas chocan, no gana el derecho sino el poder de coerción de cada capital sobre el sistema financiero y las cadenas de suministro globales. Ese es, en última instancia, el verdadero costo para la libre empresa que opera entre Washington y Pekín.
