En las afueras de Hangzhou, antigua capital imperial hoy convertida en polo tecnológico, treinta estudiantes universitarios programan brazos robóticos bajo la guía de un instructor de 28 años que dedica su tiempo libre a recorrer fábricas automatizadas. La escena, replicada en academias similares por todo el país, forma parte de un plan estatal de US$20.000 millones impulsado por Xi Jinping para situar a China en la vanguardia de la inteligencia artificial y la robótica, en competencia directa con Estados Unidos.
El dato duro respalda la ambición: más de dos millones de robots operan hoy en fábricas chinas, la cifra más alta del mundo, y más de la mitad de los robots industriales que se fabrican globalmente salen de plantas chinas. El fin de semana, el país organizó la segunda edición de los Juegos Mundiales de Humanoides, con robots que boxearon y desfilaron ante cámaras.
Detrás del espectáculo hay una lógica de incentivos menos vistosa. Según estimaciones oficiales citadas por la BBC, para 2035 más de un tercio de la población china tendrá más de 60 años, y algunos cálculos indican que el país perderá cerca de 60 millones de habitantes en la próxima década, una cifra casi equivalente a la población de Francia. Todavía trabajan en el sector manufacturero unos 120 millones de personas.
En una fábrica de Chengdu, CRP Technology —que emplea a unas 300 personas y lleva nueve años fabricando brazos robóticos— ilustra la transición híbrida: una línea de ensamblaje de unos 30 trabajadores de mediana edad convive con un equipo de ingenieros jóvenes que desarrolla un prototipo capaz, según la empresa, de programarse para realizar más del 90% de las tareas repetitivas de una planta. «Necesitamos este tipo de robots porque quizá dentro de diez años no tendremos suficientes trabajadores en China», explica Pang Kai, de 31 años, integrante del equipo de investigación y desarrollo.
La velocidad del recambio es, según reconoce la propia BBC, la variable crítica: si la automatización avanza más rápido que la capacidad del mercado laboral para absorber el desplazamiento, la pérdida de empleos podría golpear con fuerza a una economía que ya muestra señales de desaceleración. Un instructor de robótica citado en el reportaje resume el dilema sin rodeos: «Si el mundo de la IA y la robótica no los necesita, entonces definitivamente estarán entre los que serán reemplazados».
Conviene mirar los incentivos. El envejecimiento poblacional es un hecho demográfico real, no una construcción política, y explica por qué Pekín tiene prisa. Pero la respuesta elegida no es la de un mercado que reasigna capital y trabajo según señales de precios: es una inversión de US$20.000 millones decidida desde el aparato central, bajo la etiqueta de «nuevas fuerzas productivas» acuñada por el propio Xi. La diferencia importa. Cuando el Estado, y no el mercado, decide qué fábricas se automatizan y a qué ritmo, el riesgo de sobreinversión, de mala asignación de recursos o de costos ocultos para los trabajadores desplazados aumenta, y la respuesta a esos costos depende de un régimen que, como reconoce el propio reportaje, controla la información de manera estricta.
Esa opacidad es la clave que distingue esta revolución industrial de anteriores transiciones tecnológicas en economías abiertas. En Occidente, el ajuste ante la automatización se discute en parlamentos, se litiga en tribunales laborales y se mide con estadísticas verificables por prensa independiente. En China, la magnitud del desplazamiento de los 120 millones de trabajadores manufactureros solo se conocerá en la medida en que el propio Estado decida hacerla pública. La historia sugiere cautela ante cualquier cifra oficial que llegue sin contraste independiente, y más cautela aún ante una potencia que combina planificación centralizada con control absoluto del relato.
