La Policía de Investigaciones incautó 3,276 kilos de oro, avaluados en $294.917.400, durante un procedimiento en un local del centro de Santiago. La diligencia se enmarca en una investigación por joyas sustraídas en Estados Unidos y Europa.
El operativo, llamado «Operación Pantera», terminó además con la detención de un ciudadano chileno de 33 años que mantenía antecedentes policiales. La investigación fue desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, junto con la Sección Inspección Actas de Procedencia, y con intercambio de información con organismos policiales extranjeros, incluido el FBI.
Según la PDI, la indagatoria apunta a organizaciones integradas por ciudadanos chilenos que cometerían robos en propiedades de distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. Después, las especies ingresarían de manera ilegal a Chile. Una vez en el país, las joyas serían comercializadas o reducidas en distintos establecimientos.
La comisaria Jennipher Ramírez dijo que hubo coordinaciones con el Departamento de Asuntos Internacionales y con policías de otros países para determinar una organización criminal integrada por chilenos, quienes sustraen especies de valor en ciudades de Europa y Estados Unidos. Luego, esas especies son trasladadas de forma ilegal a Chile y, una vez acá, comercializadas y reducidas en diferentes locales.
En el local fiscalizado, los detectives encontraron diferentes joyas y lingotes de metales amarillos y blancos. Las especies permanecen en proceso de peritaje, por lo que la PDI aún trabaja para determinar su procedencia y establecer su eventual vínculo con delitos cometidos en el extranjero.
Ramírez agregó que uno de los obstáculos de este tipo de investigaciones es la dificultad para reconstruir la trazabilidad del oro. Una vez que llega a Chile, ese oro en joyas puede ser fundido en diferentes locales comerciales. Eso hace difícil trazar dónde fue sustraída esa especie una vez ya fundida.
La PDI precisó que este procedimiento es solo una parte enfocada al mercado delictual donde son comercializadas o reducidas las especies. La investigación sigue abierta para intentar desarticular la organización completa. La institución mantiene diligencias para establecer cómo ingresaron las especies al país, determinar su origen y avanzar en la identificación de otros eventuales integrantes.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una red logra convertir bienes robados en metal difícil de rastrear, el problema no termina en el robo original. Se desplaza hacia el mercado que compra, funde y revende. Allí aparece el costo para el orden público y para la libre empresa honesta, que compite contra circuitos opacos con mejores márgenes y peores controles.
El dato importa más que el ruido. La incautación muestra que la cooperación policial internacional puede golpear la cadena, pero también que la trazabilidad sigue siendo débil. Mientras el oro pueda borrarse en locales comerciales, el aparato estatal tendrá una carrera cuesta arriba para cerrar el paso a quienes viven de reducir bienes sustraídos y monetizar el delito.
