La violencia asociada a pandillas elevó los homicidios en Panamá un 8% durante el primer semestre de 2026, con 300 casos registrados entre enero y junio, según datos del Ministerio Público citados por la agencia EFE. En el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 279 homicidios. Las autoridades atribuyen el repunte a disputas internas y a la lucha por el control territorial entre organizaciones criminales.
La provincia de Panamá, donde se ubica la capital, encabeza la estadística nacional con 133 homicidios, un 7% más que en el primer semestre de 2025. Le sigue San Miguelito, en el área metropolitana, con 54 casos y un crecimiento del 4%. Colón, en la costa caribeña, reportó 52 asesinatos, pero registró una caída del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.
El dato más alarmante proviene de Chiriquí, provincia occidental, donde los homicidios se dispararon un 240%: de cinco casos en los primeros seis meses de 2025 a 17 en el mismo tramo de 2026, según el informe del MP recogido por EFE. El perfil de las víctimas es consistente: el 93% fueron hombres de entre 18 y 39 años, y en el 85% de los hechos se emplearon armas de fuego.
El Ministerio Público y la Policía Nacional identifican la presencia de 121 agrupaciones delictivas en el país. Entre las ocho más grandes, EFE menciona a Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4L, Killa, Mafia Filipina, HP o Manzana Cere y Sinaloa, todas con operaciones en las provincias de Panamá, Oeste, Este, San Miguelito y Colón.
El semestre estuvo marcado por hechos de alto impacto. El 17 de junio, una niña de 10 años fue asesinada frente a su escuela en un ataque armado dirigido a su padrastro, señalado por las autoridades como individuo con antecedentes penales, según EFE. El episodio generó preocupación pública y llevó a reforzar la presencia policial en centros escolares. A ello se sumó la fuga de 195 reclusos de una prisión en las afueras de la capital el 1 de junio; la mayoría fue recapturada en poco más de un mes, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la misma agencia.
El presidente José Raúl Mulino anunció el 1 de julio la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el despliegue de drones para la vigilancia de barrios identificados como focos de violencia. «La política de seguridad se endurecerá para enfrentar el crimen y proteger a la ciudadanía», declaró el mandatario según EFE.
Conviene mirar los incentivos. La respuesta de Mulino —infraestructura penitenciaria, tecnología de vigilancia y mayor presencia policial— apunta en la dirección correcta: el Estado recuperando el monopolio legítimo de la fuerza en territorios cedidos al crimen organizado. El dato importa más que el ruido: 121 pandillas identificadas no son un fenómeno espontáneo, sino el resultado de años de instituciones débiles y mercados ilegales sin contención. La estabilidad jurídica y la inversión que Panamá necesita para sostener su posición estratégica en torno al canal dependen, en buena medida, de que este gobierno demuestre que el orden no es una promesa electoral, sino una política sostenida.
