Dos diputados panameños, Jhonatan Vega y Jorge Bloise, solicitaron formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores que investigue las denuncias sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según documentó La Prensa, al menos siete ciudadanos panameños fueron reclutados para incorporarse a las fuerzas militares de ambos bandos a cambio de una remuneración económica. Contratos militares, registros oficiales y testimonios recopilados durante la investigación describen un patrón que combina decisiones voluntarias motivadas por la necesidad económica con presuntos casos de engaño mediante falsas ofertas de trabajo.
Los casos identificados involucran a jóvenes de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Coclé. Uno de ellos, un chiricano de 19 años, declaró haber decidido alistarse voluntariamente en el ejército ruso ante la falta de oportunidades laborales en Panamá. Según su relato, el contrato le prometía un bono de incorporación de 20.000 dólares y un salario mensual de entre 2.500 y 3.000 dólares. En contraste, otra familia denunció que un panameño viajó convencido de que operaría maquinaria pesada en Ucrania, pero una vez en ese país recibió entrenamiento militar y firmó un contrato redactado en ucraniano para incorporarse a las fuerzas armadas.
Entre los expedientes figura incluso el caso de una familia que teme que uno de sus parientes haya fallecido en el frente de combate, tras perder todo contacto con él. El diputado Vega señaló que, según la información recibida, hay personas desaparecidas y que entre los afectados habría ciudadanos de su circuito electoral, en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí.
«Solicitamos a la Cancillería, muy respetuosamente, que investigue esta situación», afirmó Vega, quien calificó los hechos como «alarmantes» y los vinculó directamente con la ausencia de oportunidades laborales en el país. «No hay empleo, no hay trabajo; solo quedaron promesas de campaña que se diluyeron con el paso del tiempo», expresó el legislador.
El diputado Bloise se sumó al llamado y también pidió a la Cancillería esclarecer cómo operan las redes o intermediarios que captan a panameños con ofertas de empleo, y brindar respuestas a las familias afectadas.
El primer caso público fue el de un joven identificado como Dante, cuya historia reveló el recorrido desde Europa hasta territorio bajo control ruso, y abrió la puerta a nuevos testimonios desde varias provincias del interior del país.
Conviene mirar los incentivos. Que jóvenes panameños acepten contratos de combate en un conflicto a miles de kilómetros de distancia no es una anomalía cultural: es la consecuencia directa de un mercado laboral que no genera oportunidades suficientes. El aparato estatal puede investigar las redes de reclutamiento —y debe hacerlo—, pero la respuesta estructural exige lo opuesto de lo que suele ofrecer la política local: menos trabas a la inversión privada, más empleo formal y menos promesas de campaña que se evaporan en el ejercicio del poder. Mientras Panamá no resuelva ese déficit de fondo, la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a este tipo de engaños seguirá siendo una exportación involuntaria de su propia precariedad.
